La última radiografía de la Fundación FOESSA y promovida por Cáritas dibuja una España que crece económicamente, pero no integra a las personas al mismo ritmo. El IX Informe sobre exclusión y desarrollo social constata que la desigualdad se ha hecho más pertinaz entre jóvenes y hogares vulnerables, y que la digitalización, lejos de ser un igualador automático, abre nuevas brechas.
La vivienda emerge como el gran cuello de botella; la precariedad laboral se cronifica en las primeras etapas de la vida adulta; y la factura energética agrava la fragilidad de los hogares con menos recursos. La advertencia es inequívoca: el crecimiento por sí solo no corrige estas grietas. “El crecimiento económico, por sí solo, no corrige la desigualdad ni sus consecuencias, incluso puede agravarlas”, resume el informe en boca de uno de sus autores, Raúl Flores, que reclama “un nuevo pacto social” para combatir las causas estructurales y no solo sus síntomas.
Jóvenes más pobres y en riesgo de exclusión social
El termómetro generacional es elocuente. En 2024, cerca de 2,5 millones de jóvenes se encontraban en situación de exclusión, 1,2 millones de ellos en su versión severa. Son 309.000 más que antes de la pandemia, y 160.000 más en exclusión severa, pese a que hay 2,4 millones menos de jóvenes que en 2007 por el envejecimiento demográfico y la caída de la natalidad. El deterioro no es coyuntural, pues FOESSA retrata “trayectorias marcadas por la exclusión” a lo largo del tiempo, no solo impactos puntuales de la crisis.
La transición educativa-laboral sigue siendo un embudo. Casi la mitad de los jóvenes sin la ESO (48,6%) no estudia ni trabaja, un porcentaje que baja al 26,8% si completan la enseñanza obligatoria. La incidencia se dispara entre la juventud de nacionalidad extranjera (31,8%) y la juventud gitana (61,5%); también entre quienes viven en hogares en exclusión severa (51,4%). Son porcentajes que confirman el peso del origen social y del contexto del hogar en el destino de los jóvenes.
FOESSA enlaza estas trayectorias con el mercado de trabajo y con un sistema de cualificación que obliga a compaginar empleo y formación cada vez más tiempo, ya que el 18,2% de los jóvenes de 26 a 34 años lo hace, es decir casi 1 de cada 5 jóvenes. Esto es fruto de una especialización posgraduada que mejora la empleabilidad, pero genera nuevas barreras por los costes económicos asociados.
El acceso a la vivienda, otro de los responsables
A ese tapón laboral se suma el muro de la vivienda, hoy la principal preocupación ciudadana junto a la política, según el capítulo de confianza social del informe. FOESSA recuerda que, si la vivienda se hubiera abordado como derecho y no como bien de intercambio, España “podría haber dado un salto mucho más alto en integración y cohesión social”.
La encuesta recoge además que el acceso a la propiedad y los precios configuran un vector de desigualdad entre quienes tienen y quienes no tienen casa, y que la tenencia se relaciona estrechamente con el riesgo de exclusión.
A esto se suma la pobreza energética, la cual también ha empeorado con fuerza, y no solo en España. Entre 2019 y 2023, los hogares que no pudieron mantener la vivienda caliente en invierno casi se triplicaron en nuestro país (del 7,6% al 20,7%). El golpe es aún mayor entre los hogares bajo la tasa de pobreza (AROP): del 19,6% al 34,3%. Es un salto del 75% en cuatro años, muy por encima del alza del 22% en la UE-27.
La brecha digital añade una capa menos visible de exclusión. Es cierto que la digitalización avanza (el 99,5% de las viviendas tiene móvil y el 96,8% acceso a internet), pero FOESSA explica que la disponibilidad de dispositivos adecuados y las habilidades siguen un gradiente social.
Por ejemplo, la presencia de ordenadores salta del 66,4% al 94,5% entre hogares con menos de 1.200 euros y con 3.900 o más al mes, respectivamente. Y en exclusión severa, el 41,2% de los hogares ni siquiera tiene internet. La conclusión del informe es clara y explica, que sin canales presenciales alternativos, la digitalización puede convertirse en un apagón de derechos.
Hogares monoparentales y con discapacidad, los más vulnerables
El perfil de los hogares más expuestos hace más fuerte la idea de que no hay una única crisis, sino un “solapamiento de vulnerabilidades”. Según el informe de FOESSA, este muestra un aumento de la exclusión severa en hogares con menores, con jóvenes, monoparentales y con discapacidad. En el caso de los monoparentales, han empeorado hasta triplicar los niveles de 2007 en exclusión severa.
La respuesta social se tensiona también en el día a día. Aunque algunos indicadores de ajuste del gasto mejoran respecto a los picos de la pandemia, los hogares más excluidos han debilitado su capital social (las redes a las que recurrir en caso de necesidad) y siguen recurriendo en mayor medida a recortes en suministros, renegociación de deudas o ayuda familiar para llegar a fin de mes.
¿Cuáles son los mayores problemas?
El informe señala que la vivienda (16,3%) encabeza los problemas citados por la ciudadanía y que los políticos y la política ocupan posiciones destacadas en el ranking de preocupaciones. Entre los jóvenes, ocho de cada diez se sienten desatendidos por el Estado y tres de cada cuatro creen que vivirán peor que sus padres, según encuestas citadas por FOESSA.
Ahora, ¿cómo podemos acabar, o mejor dicho, reducirlo? Pues FOESSA propone atacar la desigualdad en sus raíces, con especial foco en educación y segunda oportunidad. Pide redes de escuelas inclusivas, evaluación continua y estabilización de los programas que reenganchen a jóvenes desvinculados del estudio y el empleo. El objetivo es romper la reproducción intergeneracional de la pobreza: sin un cortafuegos educativo, advierte, la exclusión tiende a heredarse.
El triángulo de servicios esenciales (energía, agua, conectividad) exige, además, garantías efectivas de acceso y medidas que miren más allá de la emergencia. Entre las recomendaciones piden revisar el diseño del bono social eléctrico para que llegue a quienes más lo necesitan, reforzar la capacidad de pago de los hogares vulnerables y evitar retrocesos en calefacción y conexión que los aparten de derechos básicos.
El informe de más de 700 páginas se puede consultar en este enlace. El relato de FOESSA coincide con la tesis que abría esta pieza, en el que las políticas de alivio (ingresos mínimos, prestaciones parciales) son necesarias para amortiguar golpes, pero insuficientes si no se integran en una estrategia de fondo. El diagnóstico de Flores “necesitamos un nuevo pacto social que cuestione consensos asumidos como la meritocracia o el crecimiento ilimitado” no es un lema sino la traducción política de los datos: sin revisar la arquitectura de oportunidades (escuela, empleo, vivienda y servicios), la economía seguirá avanzando con colectivos a la intemperie.
