Glovo recibe por primera vez de riders y taxistas una querella criminal por contratar falsos autónomos

Glovo se enfrenta de nuevo a un serio tirón de orejas por sus riders. La compañía de reparto a domicilio sigue sumando denuncias y obtiene por primera vez una querella criminal por la contratación de falsos autónomos ante los juzgados de Barcelona. Algo por lo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social en funciones, bajo la dirección de Yolanda Díaz, lleva pisándole los talones con sanciones millonarias durante los últimos años.

La demanda penal ha sido emitida en conjunto a los sindicatos RidersXDerechos y Élite Taxi, como comentan desde El Periódico. Y es que estos organismos la han interpuesto por unos presuntos delitos contra la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, estafa laboral contra los derechos laborales de sus trabajadores.

Como apuntan desde esa plataforma, “creemos que, después de decenas de sentencias, dos años de la Ley Rider y una reforma del Código penal, este no debía de recaer en los trabajadores, sino en la propia empresa contratante”, es decir, que la responsabilidad de toda esa normativa tan estricta y sanciones gubernamentales debería ir directamente a la empresa. 

Realmente, la compañía de reparto a domicilio tiene a la Inspección de Trabajo siguiéndole los pasos por los derechos laborales de sus trabajadores y por los tipos de contratación de los autónomos. Y es que la compañía ya acumula multas laborales por encima de los 200 millones de euros. La última del pasado mes de enero en la que Trabajo multó con 57 millones por usar falsos autónomos y ‘riders’ sin permiso de trabajo en España, como apuntan desde El País.

Por el momento, desde Glovo apuntan que no ha recibido aún ninguna notificación formal por parte de Justicia, aunque habrá que esperar a los próximos días.

La Inspección de Trabajo podría sumarse a la querella criminal contra Glovo

Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo apuntan que llegar unos meses preparando actuaciones penales contra Glovo y que podría presentarse ante la Fiscalía “en los próximos días”, indica el citado medio. 

Cabe destacar que pese a las múltiples amenazas del Gobierno de España por ese mismo tema, han sido los propios trabajadores quienes han dado el primer paso y no el ministerio capitaneado por la vicepresidenta segunda, Díaz. 

Por el momento solo queda esperar a ver si el juez acepta o no la querella y dictamina si la empresa verdaderamente está incurriendo en todos los delitos que se le atañen o no.