María Clares hizo todo lo que el sistema le pedía: estudió Psicología, cursó el máster para ejercer como orientadora educativa y aprobó unas oposiciones para trabajar en institutos públicos de la Comunidad de Madrid.
Con un 85% de discapacidad por parálisis cerebral, llevaba dos años orientando a alumnado adolescente cuando llegó el momento que lo cambiaría todo. “Siento impotencia porque después de haber estado trabajando, de repente recibo un acto que no puedo asimilar”, resume ella misma en Directo al Grano.
De ‘apta’ en el aula a ‘no apta’ en un informe
Optó a realizar un nuevo proceso selectivo para consolidar su plaza, con todo lo que ello conlleva, pero la Consejería la declaró “no apta” antes siquiera de poder examinarse. No hubo una evaluación presencial ni una visita al centro donde llevaba años trabajando.
"No me han hecho ninguna vez una evaluación. Nadie a día de hoy ha hablado conmigo. No he tenido acceso a ningún tipo de documento”, denuncia María.
A partir de un informe de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, emitido al amparo del artículo 16 del Decreto 54/2006 sobre personas con discapacidad, su trayectoria quedó en pausa: no solo la apartaban de esa oposición, también la expulsaban de la lista de interinos a la que había accedido por méritos propios.
30.000 aspirantes para 685 plazas en el último año
El caso de María se produce en uno de los procesos más competitivos de la educación madrileña. En 2026, la Comunidad de Madrid ha convocado 685 plazas para el Cuerpo de Maestros, con especialidades como Pedagogía Terapéutica (162), Educación Infantil (149) e Inglés (144).
En cada convocatoria, se presentan entre 25.000 y 30.000 aspirantes, lo que deja una ratio aproximada de 1 plaza por cada 40-45 personas. En ese contexto, aprobar una oposición es un logro profesional y personal enorme.
Además del esfuerzo académico, el modelo de concurso favorece a quienes ya llevan años en el sistema como interinos. Se valora la experiencia, la formación extra y la capacidad de superar pruebas muy exigentes, incluida una de ‘cultura general’ y la lectura del tema ante el tribunal, que añade una presión psicológica extra. María no solo había superado esa criba inicial: también había demostrado en el aula que podía ejercer como orientadora con solvencia y vocación.
Discapacidad y empleo
Su historia se inscribe en un mercado laboral que sigue dejando fuera a demasiadas personas con discapacidad. En 2026, apenas unos 700.000 ciudadanos con discapacidad están activos en el mercado laboral, alrededor del 2,9% de la población activa total.
La tasa de empleo se sitúa en torno al 28,9%, muy por debajo de la media general. El sector servicios absorbe más del 73% de esos empleos y muchos se concentran en Centros Especiales de Empleo, no en la función pública general.
La brecha salarial también pesa: el salario medio anual bruto de un trabajador con discapacidad ronda los 23.160 euros, un 82,1% de lo que gana una persona sin discapacidad, casi 5.000 euros menos al año.
Que una mujer con un 85% de discapacidad haya conseguido una plaza como orientadora interina en un instituto público, cuando solo el 35,1% de las personas con discapacidad física en edad de trabajar tiene empleo, debería ser una buena noticia para el sistema. Sin embargo, su exclusión envía el mensaje contrario: que incluso cumpliendo todo, la oportunidad puede desaparecer.
“María es una de las personas que me ha salvado la vida”
Mientras los informes administrativos la califican de “no apta”, en el instituto la realidad es otra. “Podría decirte que María es una de las personas que me ha salvado la vida”, confiesa una de sus alumnas al reportero de Directo al grano.
“Yo he tenido personas que no tenían discapacidad, que no han podido ayudarme y María con una discapacidad ha podido. Me parece muy mal y muy injusto que por tener una discapacidad la tengan que poner ese nombre de ‘no apta’ porque es más apta que otras personas que no tienen ninguna discapacidad”, detalla.
Su abogado denuncia que el procedimiento vulnera derechos básicos. “Hay dos irregularidades: no te veo y emito un informe de actitud sin darte traslado, con lo cual no puedes defenderte, y ni siquiera te dejo ver todo tu expediente administrativo completo. Te estoy vulnerando el derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva”.
Han solicitado el expediente hasta en ocho ocasiones sin respuesta. La consecuencia es radical: María no solo queda fuera de la oposición, sino también de la lista de interinos en la que estaba desde 2023.
Qué dice la Ley
En los últimos años, la normativa española ha avanzado: en 2026, la discapacidad sobrevenida ya no puede ser motivo automático de despido y las empresas están obligadas a ofrecer ajustes razonables antes de extinguir un contrato.
Sobre el papel, también en la administración se debería priorizar la adaptación del puesto sobre la exclusión. Sin embargo, las organizaciones de personas con discapacidad alertan de una realidad distinta.
“Esto no solo le ha pasado a María, le ha pasado a muchísimas otras personas con discapacidad. ¿Por qué a las personas con discapacidad se nos tiene, con carácter preventivo, que valorar si vamos a poder desempeñar un puesto de trabajo? Eso es una discriminación indirecta”, denuncia por su parte una portavoz del colectivo al programa de TVE.
Perder un empleo ‘de un día para otro’ es traumático no solo para la sociedad en sí, sino especialmente para este colectivo con menor capacidad de ahorro y el doble de dificultades para reinsertarse laboralmente, un cese inesperado rompe rutinas, procesos de adaptación y, en muchos casos, la estabilidad emocional. En perfiles como el de María, donde la vocación está ligada al vínculo diario con el alumnado, la ruptura brusca no es solo económica: es identitaria.