Al llegar el Partido Popular al Gobierno en el año 2012 con Mariano Rajoy como presidente, se aprobó la reforma sanitaria mediante la cual se limitaba a las personas migrantes en situación irregular el acceso al mínimo en atención sanitaria: urgencias, embarazo y atención a menores. Cuando el Gobierno del PSOE llegó al poder, esta fue una de las primeras medidas que intentó modificar para eliminar las restricciones anteriores. Sin embargo, está fallando.
Según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, impulsado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la redacción del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) es ambigua e imprecisa, lo que ha dado lugar a interpretaciones diferentes según la comunidad autónoma, tal y como recoge la Cadena SER.
Algunas comunidades llegan a facturar la atención sanitaria a personas migrantes
La consecuencia de esta falta de claridad es que la atención sanitaria a personas migrantes no se aplica de forma homogénea en España. El informe advierte de que colectivos especialmente vulnerables, como embarazadas y menores, pueden quedar desprotegidos e incluso ver denegada su atención en algunos casos.
Además, el documento identifica comunidades donde se han producido cargos o avisos de facturación. Es el caso de Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla, donde la atención sanitaria puede llegar a ser facturada, así como del País Vasco, donde se emiten avisos de cobro.
En otras regiones, como es el caso de Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra, contemplan también la posibilidad de facturación en función de los procedimientos administrativos aplicados.
El propio informe advierte de que, aunque en muchos casos estos importes no llegan a cobrarse, la emisión de facturas o avisos tiene un efecto disuasorio y frena a muchas personas a la hora de acudir al sistema sanitario por miedo o desconocimiento.
El cobro se extiende a urgencias
La situación también afecta a las urgencias, donde la norma no deja claro su carácter obligatorio, lo que provoca que en ocasiones se exija el pago tras la atención e incluso se rechace prestar asistencia.
El informe subraya, además, que excluir a estas personas no solo plantea un problema social, sino también económico, ya que desplaza la atención hacia servicios más costosos y menos eficientes. De hecho, facilitar el acceso a la atención preventiva podría reducir el gasto sanitario a medio y largo plazo.
En paralelo, organizaciones como Médicos del Mundo alertan de que miles de personas siguen encontrando obstáculos para acceder a tratamientos, incluso en casos de enfermedades graves, lo que evidencia que las barreras persisten.
Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad trabaja en un nuevo Real Decreto que busca unificar criterios en todo el país y garantizar un acceso equitativo, y que podría llegar este mismo mes de marzo al Consejo de Ministros, según han confirmado fuentes de Sanidad a la SER. Sin embargo, algunas organizaciones reclaman una reforma más ambiciosa que blinde este derecho.