Envejecer es ley de vida y, sobre el papel, la jubilación debería ser ese refugio de paz y estabilidad tras décadas de esfuerzo. Sin embargo, para millones de pensionistas en nuestro país, este momento se ha convertido en todo un reto. La realidad es que ahora, la jubilación representa pensiones ajustadas, salud delicada y un mercado del alquiler que devora ingresos sin piedad.
Los datos del Instituto Nacional de la Seguridad confirman que se trata de una tendencia estructural. Casi uno de cada dos pensionistas en España no llega a la barrera de los 1.000 euros mensuales. Además, de que el 39,38% de las jubilaciones se sitúa por debajo de esa cifra, lo que complica enormemente llegar a fin de mes en las capitales españoles. Y aunque la pensión mínima unipersonal se sitúa en los 936,20 euros, en la práctica, ese importe es papel mojado frente a la inflación y el coste de vida.
“Valencia está de moda, pero los alquileres…”
El rostro de esta crisis lo pone Jorge Sosa, que a sus 73 años ha tenido que reinventar su concepto de ‘hogar’. Jorge vive en un piso compartido en Valencia, pero no por elección, sino por necesidad. “Comparto piso con tres abuelos más como yo”, confesaba en La Sexta Xplica.
Este jubilado forma parte de ‘Hogares Compartidos’, una ONG que se ha convertido en uno de los salvavidas para mayores de 60 años autónomos, pero en riesgo de exclusión. “Valencia está de moda, por lo que los alquileres han subido muchísimo. Conseguir un alquiler más o menos razonable es poco menos que imposible", sentencia.
Y es que no se equivoca. Con el precio del metro cuadrado batiendo récords en las principales ciudades, compartir piso ya no es solo cosa de estudiantes universitarios; es la estrategia de supervivencia de toda una generación que trabajó para levantar el país y que ahora se ve expulsada de sus barrios.
Un techo con fecha de caducidad
La precariedad habitacional de nuestros mayores no solo es una cuestión de precios, sino de una vulnerabildad extrema ante la falta de oferta. La situación en Valencia ha llegado a un punto crítico: “Esta misma semana tenemos un piso que hay que desalojar porque el propietario, en su pleno derecho, lo ha reclamado”, denuncia Jorge con mucha angustia.
Este desalojo deja a la ONG y a los inquilinos frente a un abusmo logístico y atrapados en una incertidumbre de no saber dónde reubicar a personas que ya superan los 65 años y que no tienen un plan B en el mercado libre.
Y es que el drama se agudiza para quienes ni siquiera alcanzan la pensión mínima contributiva. Jorge alerta sobre una lista de espera interminable de personas mayores con recursos ínfimos, muchos de ellos perceptores de pensiones no contributivas que apenas rozan los 500 euros mensuales.
"¿Qué hacemos con esa gente?", se pregunta el hombre. En un mercado donde una habitación en un piso compartido ya supera habitualmente los 400 euros en Valencia, estas personas están, literalmente, a un paso de quedarse en la calle.
Gracias a la labor de ‘Hogares Compartidos’, Jorge consigue lo que hoy parece un milagro en España: pagar una renta de 260 euros al mes. Es este modelo de vivienda tutelada el que permite que su pnsión no se evapore íntegramente en el alquiler, dejándole algo de margen para alimentación y medicinas.