¿Te puede obligar a vacunarte la empresa en la que trabajas?

La crisis sanitaria por Covid-19 sigue rigiendo el día a día. También el ámbito laboral, donde se sembró el debate desde que comenzaron las primeras vacunaciones. Ahora, debido a la ola de contagios por la variante Ómicron, hay una pregunta que ha vuelto a sonar con fuerza: ¿pueden las empresas obligar a sus trabajadores a vacunarse? 

Tras la subida de contagiados, es además de un debate una preocupación. Ya no solo por prevenir el virus, sino también por las nuevas formas de trabajo que se han establecido desde el principio de la pandemia. Son muchos los empresarios que prefieren que sus empleados acudan a la oficina y no se acojan al teletrabajo, una medida que podría dificultarse sin la pauta de vacunación completa. 

¿Es legal que empresarios obliguen a la vacunación? 

En términos legales, ninguna empresa podría obligar a sus empleados a vacunarse debido a que las vacunas son voluntarias. De hecho, legalmente ni siquiera los trabajadores podrían ser preguntados por ello. Así se recoge en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Por su parte, las compañías sí que podrían ofrecer a su plantilla la vacunación, tanto la referente al Covid-19 como a otras enfermedades, como es el caso de la gripe. Tras el ofrecimiento, tienen que ser los trabajadores los que voluntariamente decidan ponerse o no la vacuna. 

Se establece este marco porque, a vistas de la ley, tienen que primar los derechos fundamentales, integridad e intimidad de los empleados, algo que se recoge también en la Constitución Española. En la citada Ley 41/2002 también se recoge el principio básico por el que todo paciente o usuario tiene derecho a negarse a un tratamiento, como puede ser la vacunación, bajo un consentimiento informado. 

¿Hay algo que puedan hacer las empresas? Los empresarios que quieran que sus trabajadores estén vacunados podrán requerirlo de forma judicial, donde estudiando las circunstancias del caso los jueces podrían dictaminar la obligatoriedad de la vacuna. El procedimiento es exactamente el mismo para los sanitarios o usuarios que trabajen con colectivos vulnerables, siendo hasta que un juez dictaminara lo contrario la vacunación voluntaria. 

Por último, hay que señalar que las compañías tampoco podrían despedir o penalizar a un trabajador por el hecho de no estar vacunado. La acción se consideraría como una vulneración de sus derechos fundamentales. Por este motivo, se consideraría un despido improcedente o nulo.