Reprimenda de Europa a España por su inacción ante la corrupción política

Europa suspende a España en clase de anticorrupción. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado un informe en el que evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido con las 19 recomendaciones sobre prevención de la corrupción y promoción de la integridad en la administración central y los organismos encargados de hacer cumplir la ley que se le transmitieron en junio de 2019.

De las 19, señala, tan solo ha cumplido siete de las dirigidas a localizar fallas en las políticas nacionales anticorrupción y catapultar las reformas necesarias para subsanar estas prácticas ilegales. Y parcialmente. Por lo que su valoración final, a pesar de que subraya ciertos avances "prometedores" en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024) en ámbito de transparencia, integridad y rendición de cuentas en el sector público, así como el desarrollo de una estrategia anticorrupción más estratégico y global, es a todas luces una reprimenda.

Tanto del organismo como del Tribunal de Estrasburgo, que resaltan la inacción para contener el “riesgo de conflicto de intereses y corrupción con respecto a las personas con funciones ejecutivas superiores”. Personas estas, prosiguen las líneas de su informe, con mayor tendencia a la corrupción “debido a la naturaleza política de su papel” y “sus estrechas interacciones con el sector privado”.

Las peticiones europeas a España en materia de corrupción

Estas son las peticiones que hace Europa a nuestro país para combatir la corrupción:

•   Aprobar un código de conducta para políticos de “alto nivel”.
•   Revisión de un organismo independiente del fenómeno de las puertas giratorias o restricciones post empleo.
•   Manga ancha para los colaboradores que forman parte de esos políticos y cargos de alto nivel.
•   Reforzar “régimen actual aplicable a los asesores, sometiéndolos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los aplicados a las personas con funciones ejecutivas superiores”.
•   Minimizar el radio de acción del régimen de aforamientos que restringe la acción penal sobre cargos públicos.
•   Mecanismos preventivos de la “corrupción y sobre la integridad” en la Policía y la Guardia Civil. Cuerpos cuya situación y realidad el organismo califica de “decepcionantes”. Para ello, cita prioridad laboral para descendientes de guardias civiles o el sistema de primas. 

La respuesta del Gobierno

“Medidas tangibles, comprometidas y exhaustivas para cumplir con las recomendaciones, como un tema prioritario y sin demora”, exige concretamente el Greco. Ante toda esa serie de peticiones expresas para incrementar la cobertura de atención sobre “riesgos específicos”, que se pasarán a revisión antes del 31 de marzo de 2023, el Gobierno ha alegado falta de tiempo. Por la celebración de las elecciones generales de 2019 y la llegada de la pandemia de Covid-19.