El Gobierno decreta el tiempo mínimo en que un asunto de estado será secreto oficial

El anteproyecto de Ley de Información Clasificada establecería un período superior a 50 años para “publicar la información considerada "secreta". El Consejo de Ministros del Gobierno español tendría la opción, además, de prorrogarlo por quince años. De este modo, antes del final de la legislatura, la Moncloa tendría que mantener oculta la información más comprometedora clasificada desde 1963.

Algo que no ha gustado nada a EAJ, EH Bildu y Unidas Podemos, que pretenden que algunos temas ocultos de las décadas de 1970 y 1980 vean la luz cuanto antes. El Consejo de Ministros aceptó ayer el proyecto de ley del procedimiento, y los ministerios lo examinarán en las próximas semanas.

El anteproyecto también contempla una forma de clasificar información secreta. En lugar de dividirlos en categorías, secretas y ocultas, se clasificarían en cuatro: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Se dividen según los perjuicios que puedan causar a la seguridad de España, desde muy graves a los más ligeros. Según el Gobierno, este es el objetivo de la Unión Europea y la OTAN conforme a la normativa establecida por la Organización del Tratado Atlántico.

¿Cómo se desclasifica un secreto oficial?

Los términos para desclasificar información funcionarían bajo esta clasificación. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 no establece límites. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa. Entre los 50 años para los altos secretos (la más sensible) y cuatro para la información restringida, que decidirá el Consejo de Ministros.

Esto ha supuesto otra nueva franja entre Unidas Podemos y el PSOE. Los socios morados en la coalición reclaman, como mucho, un plazo de desclasificación de quince o veinte años para aspectos como el franquismo, la transición, el golpe de Estado de 1981 y los relacionados con la guerra sucia que requieran aclaraciones. Así, el portavoz de EAJ, Aitor Esteban calificó los plazos de Moncloa como "decepcionantes".

El coordinador principal de EH Bildu, Arnaldo Otegi, explicó que el cambio no aclararía "quién organizó la guerra civil, quién ordenó la tortura y qué patrocinó esos eventos". La coalición se ha quejado de que no es "aceptable" en el País Vasco la "violación de derechos que se produjo grave y quede sin explicación”.

El PSOE propondrá cambios. 

Pedro Sánchez, presidente, también llamó a negociar con las potencias del bloque de la alianza. El PP ha hecho lo contrario. Cuca Gamarra, Secretaria General ha exigido al presidente estar de acuerdo con las políticas de Estado populares: "Las políticas de Estado de los dos grandes partidos deben ser acordados entre ellos".

De esta manera, la autoridad para hacer propuestas para la desclasificación de la información recaería en el Ministerio de Defensa, siempre que acaba siendo aprobado por el Consejo de Ministros. Según Félix Bolaños, ministro de presidencia, es la transversalidad del departamento la razón de este cambio, argumentando que la información afecta a algunos ministerios.

La información secreta relativa a los jueces, con cambios

La información secreta relativa a los jueces también sufriría cambios. De acuerdo con el proyecto, un juez en fase de instrucción de un caso tendrá que solicitar la desclasificación de una información al Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema. 

Hoy, la solicitud debe hacerse directamente al Consejo de Ministros, como lo han hecho los miembros del gobierno en el caso de contraespionaje.  El Gobierno ya anunció su intención de cambiar la Ley de Secretos Oficiales, pero no dieron ningún paso hasta que Pegasus salió a la luz.