Adiós a los incentivos para contratar personas con discapacidad. Estas son las novedades del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo alerta al colectivo de trabajadores discapacitados. El organismo planea minimizar los incentivos para contratar a personas con discapacidad, que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ronda los cinco millones en España. Así lo avanza el anteproyecto de ley que ha confeccionado la cartera ministerial y que se expidió a consulta pública el pasado viernes. Las novedades parten de los incentivos que contempla actualmente la ley ya que quedarían derogados si esta nueva ley termina saliendo adelante.

Camino que estará repleto de obstáculos. Las críticas desde las principales asociaciones de defensa del colectivo no se han hecho esperar por los múltiples daños colaterales que generaría. Solo uno de cada cuatro afectados por discapacidad tienen acceso al trabajo actualmente, como sigue exponiendo el INE. Una estadística muy susceptible de empeorar, también, por las consecuencias para las empresas, que se lo pensarían dos veces a la hora de contratar en este colectivo.

No obstante, no hay que olvidar que los discapacitados que existen contratados están facilitados por la actual normativa laboral al respecto. Los cambios afectarían tanto a las empresas ordinarias como a unos 2.300 centros especiales de empleo que tienen en plantilla a más de 98.000 personas con discapacidad, y al Grupo Social ONCE, donde un 59% de los empleados tiene discapacidad.

Cambios en las contrataciones de personas con discapacidad

El cambio estrella del anteproyecto de ley será la supresión de la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Para que tenga esa consideración, su plantilla debe superar, según contempla la legislación, el 70% de personas con discapacidad.

Aunque el principal mandato que contempla es una bonificación de 366 euros mensuales durante toda la duración del contrato de esa persona con discapacidad. Eso si, siempre que se trate de un contrato indefinido y contemplen una retribución salarial mínima (SMI). Se rebaja, entonces, la que está vigente desde 2006 para los centros ordinarios, de 375 euros al mes.

Será aplicable al mercado de trabajo ordinario, al protegido y a las conversiones de temporales a indefinidos, durante toda la vigencia del contrato. Es la misma de la que disfruta el Grupo Social ONCE desde 2012. Los colectivos de defensa de los derechos laborales de las personas discapacitadas consideran que es “excesivamente baja” comparada a la de los centros especiales. Aunque las bonificaciones podrán cambiar en los siguientes casos:

• 128 euros mensuales durante cuatro años: personas con discapacidad intelectual límite.
• 138 euros mensuales durante dos años: personas con discapacidad readmitidas después de haber sido cesadas por incapacidad permanente o absoluta. Siempre y cuando no medie derecho de los trabajadores a esa readmisión.
• 416 euros al mes: personas con discapacidad de 45 años o más o mujeres. Si se dan ambos supuestos, la cuantía aumenta a 466 euros.
• 421 euros al mes: personas con discapacidad que presentan mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo, como la discapacidad intelectual.

Dura crítica de Cermi: “Una auténtica regresión”

La respuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) no se hizo esperar: “De prosperar esta propuesta normativa, sorpresiva y no dialogada, además de una auténtica regresión en el esquema de empleo de personas con discapacidad existente estos últimos cuarenta años, la inclusión laboral de este sector de población, siempre débil y lejana a cualquier mínimo aceptable, correría un enorme peligro, no solo en el no crecimiento futuro, sino en la pérdida inmediata de miles de empleos de los ya creados y subsistentes”, subraya la carta.

“Estaríamos, sin exageraciones, ante el peor retroceso producido respecto del empleo de personas con discapacidad en nuestra etapa democrática, que es preciso absolutamente conjurar”, concluye. Al tiempo que critica la falta de diálogo de Trabajo, también con las comunidades autónomas, a las que la asociación les ha instado a oponerse frontalmente al anteproyecto de ley. Galicia, Madrid y Castilla y León, ya han dicho ‘no’.

“Cualquier introducción de cambios en el modelo de empleo de personas con discapacidad, que los necesita, no debe ni puede hacerse por la vía de los puros hechos unilaterales, de modo intempestivo y urgente, sin ningún tipo de diálogo y acuerdo previos, con todas las instancias concernidas, muy en especial con las comunidades autónomas responsables inmediatas de las políticas activas de empleo, así como con los interlocutores sociales y con el sector social de la discapacidad”, reafirma.