La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desencadenado un intenso debate jurídico y como no, también político. Dos años de inhabilitación, 7.300 euros de multa y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid por un delito de revelación de secretos. En medio de todo el ruido mediático, el abogado Alberto Sánchez, de legalmente.rrss, ha publicado un vídeo en Instagram explicando, en tres ideas muy concretas, por qué el Supremo ha podido condenar al máximo representante del Ministerio Fiscal aunque no existiera una “prueba directa”.
Su explicación y reflexión llega en un momento en el que los detalles del juicio han cobrado protagonismo y que van desde la nota de prensa filtrada horas antes de su envío oficial hasta el testimonio del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que señaló que la información solo podía proceder de la Fiscalía General.
“Cada testimonio, cada documento, cada informe es una prueba”
Sánchez arranca desmontando uno de los argumentos más repetidos por quienes cuestionan la sentencia y que es, la supuesta falta de pruebas. El abogado recuerda que la justicia no exige “coger a nadie con la pistola humeante”.
Tal y como explica “cada testimonio, cada documento, cada informe es una prueba”, y las pruebas indirectas (las que permiten reconstruir un hecho a partir de indicios coherentes) pueden sostener por sí solas una condena. Funcionan como piezas de un puzle, en las que si encajan y siguen una lógica jurídica, bastan para dar por acreditado un delito.
Durante el juicio, esos indicios se acumularon entre ellos, la obtención acelerada de los correos entre el abogado de González Amador y el fiscal de Delitos Económicos, la filtración simultánea de la nota de prensa y del correo clave, y la conclusión pericial de la UCO de que el “dominio de la información” lo ostentaba la Fiscalía General.
El abogado también explica en su segundo punto a una cuestión clave, siendo esta la declaración de los cinco periodistas que publicaron el correo filtrado y que negaron tajantemente en el juicio que García Ortiz fuese su fuente. A pesar de su testimonio, el Supremo no les otorgó credibilidad como prueba exculpatoria.
Sánchez lo explica de forma directa, en la que dice que el testimonio de los periodistas “no demuestra absolutamente nada”. Podría haber existido una cadena de filtraciones, fuentes intermedias o incluso varias filtraciones simultáneas.
Y sobre todo, recuerda que lo que se juzgaba no era la existencia de otras fuentes, sino si el fiscal general también filtró información reservada. La eventual participación de terceros no excluye la responsabilidad penal del acusado.
Una idea que conecta con lo que declaró el teniente coronel Balas, en la que todo lo que salió a la luz “estaba previamente en manos de la Fiscalía General del Estado”, y cualquier actuación del equipo dependía del conocimiento y el control de García Ortiz.
“La verdad no se filtra. La verdad se defiende”
El tercer argumento del abogado se centra en las propias palabras del fiscal general durante la crisis: “La verdad no se filtra. La verdad se defiende”. Una frase potente en redes, pero incompatible con sus funciones legales.
Sánchez recuerda que un fiscal tiene la obligación de guardar secreto, tanto por el reglamento del Ministerio Fiscal como por el Código Penal. No existe en su cargo ningún derecho a “ganar el relato”, ni a utilizar información reservada para contrarrestar versiones políticas o mediáticas.
En el Supremo, esta idea fue determinante. No solo se valoró la filtración del correo, sino la nota de prensa publicada por El País a las 07.14 horas, más de tres horas antes de que la Fiscalía la enviara oficialmente a los medios. Un hecho que, según El Mundo, la propia directora de Comunicación de la Fiscalía General admitió en el juicio.
Ese comunicado (con detalles literales de las conversaciones entre abogado y fiscal) fue uno de los elementos que encendió al Colegio de la Abogacía de Madrid, que se querelló al considerar que vulneraba la confidencialidad esencial en cualquier negociación penal.
El análisis del abogado se suma a las numerosas reacciones que ha generado la sentencia. El Gobierno ha reiterado su “reconocimiento” a la labor de García Ortiz, aunque asegura respetar el fallo. La oposición, por su parte, exige responsabilidades políticas inmediatas.
Mientras tanto, el fiscal general podrá intentar la vía del Tribunal Constitucional, y eventualmente acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero incluso una hipotética anulación no le devolvería el cargo, del que queda apartado de forma automática.