Cada 1 de mayo, sindicatos, trabajadores y dirigentes políticos toman las calles para reivindicar el Día del Trabajador. Una fecha clave para solicitar la mejora de las condiciones laborales y alcanzar derechos no garantizados. Un llamamiento que incluso han realizado desde el propio Gobierno, sumándose a las manifestaciones y defendiendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que “la democracia también se gana en las calles”.
“El Gobierno sabe muy bien de qué lado está y defiende a la gente trabajadora de nuestro país”, subrayó en el día de ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aprovechó la cita para reivindicar, también, uno de los objetivos de su cartera ministerial: la reducción de la jornada laboral. Sobre esta, explicó que el 1 de mayo de 1890 se luchó por una jornada de ocho horas y, ahora, 134 años después, es tiempo de volver a reclamar para ganar tiempo de vida sin reducir los salarios.
Esta medida es una de las proclamas que también llevan los sindicatos este 1 de mayo, que han difundido diferentes manifiestos para concienciar y exigir los nuevos puntos que se deben alcanzar en materia laboral. Entre ellos, ha cobrado especial importancia también el tema de la prevención de los riesgos laborales, después de conocerse los resultados de siniestralidad de 2023, que desde CCOO y UGT calificaron de “intolerables”.
Reivindicaciones de los sindicatos este 1 de mayo
Los principales sindicatos, CCOO, UGT y CSIF, han lanzado sus principales manifiestos por el Día del Trabajador, coincidiendo en varias materias. Comenzando por los dos primeros, cuentan con un manifiesto conjunto del que se desprende el objetivo principal de “alcanzar el pleno empleo”. Este, junto al “refuerzo de políticas industriales y de desarrollo sectorial y la recuperación de los servicios públicos”, deben ser “el epicentro de una agenda que redefina el rumbo económico y social de nuestro país”.
De hecho, el lema de este año es “Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios”, donde se concentran varias de sus proclamas principales. Entre ellas, se encuentra la citada reducción de la jornada laboral a través de la negociación colectiva, alertando de que es fundamental que exista un control efectivo del tiempo de trabajo “porque de poco vale lo que diga la ley o el convenio colectivo si las jornadas laborales se incumplen sistemáticamente”.
Por su parte, desde CCOO añaden que “los excedentes empresariales y el aumento de la productividad beneficien a los trabajadores y a las trabajadoras en la mejora de los salarios y en la disminución del tiempo de trabajo”. Desde UGT, también destacan la necesidad de que exista ya un debate de la indemnización por despido en España, después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) haya resuelto su demanda, dando la razón al sindicato y considerando contrario a la Carta Social Europea el límite actual fijado para el despido improcedente.
A nivel general, estas son el resto de reivindicaciones principales de ambos sindicatos:
- Apostar por una reindustrialización sostenible solicitando un mejor aprovechamiento de las energías renovables para generar “empleo de calidad, digno y estable”.
- Recuperar el valor de lo público. Denuncian que “no se puede segregar el acceso a los servicios públicos facilitando a determinadas rentas unos servicios de calidad privatizados o concertados, mientras se deterioran los servicios públicos”. También piden un cambio del modelo de los cuidados desde la corresponsabilidad.
- Avanzar en las medidas pendientes de negociación con el Ministerio de Seguridad Social, como los coeficientes reductores para la edad de jubilación o el contrato de relevo.
- Avanzar en materias como la seguridad y la salud en el trabajo; la protección social o las políticas verdes.
- Más recursos para impulsar planes de igualdad en las empresas y completarlos con medidas destinadas a la igualdad LGTBI.
Por su parte, CSIF, en representación de todos los trabajadores de las administraciones públicas, lamentan la “inestabilidad parlamentaria que ha impedido la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado que, en el ámbito de las administraciones, van siempre ligados a la oferta de empleo público y la revisión salarial de los trabajadores y trabajadoras de este ámbito”. De hecho, este colectivo está pendiente de recibir el aumento fijo acordado para este 2024.
También denuncian el deterioro en los servicios públicos (educación, sanidad o la Administración del Estado, entre otros), que provoca que los empleados públicos sigan “arrastrando una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde los recortes de 2010” y que se ha visto incrementado “en más de un 6% en los dos últimos años como consecuencia del acuerdo firmado con CCOO y UGT que CSIF no suscribió por considerar insuficiente la subida económica”.
Este país, avisan, “no puede aguantar mucho más la parálisis política del Ejecutivo” y consideran fundamental poner en marcha diferentes mesas de negociación para afrontar los problemas estructurales de las administraciones públicas: “recuperar la estructura salarial perdida; eliminar la tasa de reposición y desarrollar un plan de recursos humanos que cree empleo estructural; reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para reforzar su carácter de normativa básica y, entre otras, favorecer la promoción interna, regular la jubilación parcial y anticipada o fijar la jornada laboral de 35 horas en todas las administraciones”.
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