Cuando el ghosting laboral se convierte en estafa: les “roban” sus datos y se quedan sin empleo

Encontrar un trabajo que se ajuste a tus necesidades puede ser complicado. Buen salario, horario flexible, teletrabajo. Son algunas de las condiciones que, desde Randstad, consultora especializada en Recursos Humanos e intermediaria con empresas y multinacionales, anunciaron en una oferta de empleo para 250 administrativos comerciales, que entrarían a trabajar en una empresa “reconocida en el sector inmobiliario a nivel internacional”. Aunque, ahora, las personas que resultaron ser seleccionadas, declaran que ha sido una estafa. 

Esta oferta de empleo, de la que se hizo eco este mismo medio, se lanzó a mediados de agosto. Se ofrecía contrato indefinido, teletrabajo 100%, horario flexible de 09 a 18 horas, con jornada de lunes a viernes, y un sueldo de 21.000 euros brutos anuales en 12 pagas. Según algunos de los seleccionados en este proceso selectivo, y que aseguran haber sido estafados, la “reconocida” empresa era Taloyus, que acabaría “robándoles” todos sus datos tras desaparecer del mapa.

Ni la propia consultora, ni los candidatos seleccionados, se imaginaron que, lo que empezó como ghosting laboral, al menos por parte de Taloyus, se convertiría en lo que finalmente le confirmaron, una estafa. ‘NoticiasTrabajo’ ha hablado con varias de las personas afectadas, María, Carla, Cristina y Daiana, los tres primeros nombres ficticios porque, todas ellas, prefieren conservar su anonimato al estar, tras este desenlace, buscando trabajo. Pero han querido alzar la voz y explicar cómo se desenvolvió toda la trama. Paso a paso.

Un proceso de selección que acaba en estafa

Comenzó como cualquier otro proceso de selección. Desde Randstad se ponen en contacto con las personas inscritas para hacerles una entrevista. En el mismo día en que la tienen, sea en la propia entrevista o nada más finalizarla, les confirman que han sido seleccionadas y, mediante correo, les solicitan los datos “clásicos” necesarios para realizar un contrato de trabajo: número de cuenta bancaria (para ingresar la nómina), número de la Seguridad Social, DNI… Que todas les proporcionan, “con toda su buena fe”. 

“Se supone que Randstad es una empresa muy buena, les di todos mis datos, toda mi documentación, prometiendo que ellos se encargaban de todo el proceso de selección”, relata María, explicando que, desde la consultora, le confirmaron que estaba dentro, que le habían cogido, y que le mandarían próximamente un email. El puesto requería incorporación inmediata por lo que, agrega Carla, en una semana ya tendrían que recibir el correo de bienvenida. 

En los tres casos, les comunican que brevemente serán contactadas por la empresa, Taloyus, que será la que les envíe dicho correo. Sin embargo, pasan las semanas, y no reciben ninguna respuesta. Durante este periodo de espera, contactan con la consultora, que les asegura en todo momento, según cuentan, que el proceso sigue adelante, que está todo correcto y, simplemente, se ha demorado por el número de personas implicadas.

El grupo inmobiliario Taloyus se encuentra registrado en varios directorios, como en el de algunos periódicos económicos y en el portal de empleo Infojobs, aunque no cuentan con vacantes activas. Sin embargo, no hay ninguna noticia sobre la misma. Actualmente, sí cuenta con un perfil en la red social LinkedIn, con dos publicaciones y siete seguidores. La sociedad se creó en 2018 y, presuntamente, utilizaría [sin su consentimiento] el nombre de las franquicias Remax y Monapart para generar confianza, asegurando que trabaja con ambas, como ha explicado una de las afectadas. De hecho, en el correo de bienvenida, detallan que ante cualquier duda pueden contactar con la dirección de correo electrónico “administracion@remaxtaloyus.com”.

Taloyus, la inmobiliaria para la que iban a trabajar, después de estar alrededor de dos semanas sin dar señales de vida, les envía el correo de bienvenida desde un remitente genérico. A Carla, directamente, no le llega, y tienen que reenviárselo desde la consultora. En el mismo, se explica que han sido contratadas pero que, para ocupar el puesto, deben realizar un curso que deben pagar inicialmente de su bolsillo, por valor de “60 euros más IVA”, una vez que se les dé de alta en la Seguridad Social, aunque les sería devuelto en la primera nómina. El plazo para su abono sería de 72 horas desde la tramitación del alta.

Pagar este curso era obligatorio para poder entrar a trabajar, algo que a Daiana le pareció extraño desde el principio: “¿Para qué pagar algo que me van a devolver después?”. Sin embargo, desde la consultora le aseguraron que “todo estaba verificado”, y que no tenía de qué preocuparse. En este punto, aunque se les insta a la "tranquilidad", todas cuentan con dudas: ¿por qué hay que pagar ya el curso, si el alta no se ha tramitado ni han firmado un contrato? ¿Cuándo será finalmente la fecha de incorporación? Ya que no se confirma en el mensaje... Pero ninguna obtiene respuesta.

Vuelven a pasar varias semanas sin que reciban contestación alguna de la inmobiliaria, aunque desde Randstad, coinciden todas, les seguían indicado que no tenían de qué preocuparse, y que todo marchaba correctamente. Es cuando María descubre un grupo de afectados del “proceso Taloyus” en LinkedIn, todavía activo, mediante el que consiguen hablar con el responsable, F.M.B. Este, mediante un comunicado, les asegura también que el proceso sigue adelante y que comenzarán a trabajar el 18 de septiembre. 

Al inicio de este reportaje, cuando se entrevista a la primera persona afectada, F.M.B no cuenta con perfil de LinkedIn. A punto de finalizar el mismo, como avisan desde la plataforma de afectados de LinkedIn, vuelve a aparecer en esta red social: tanto su perfil profesional, como el de Taloyus. Desde la plataforma, y según una de las entrevistadas, M.B estaría volviendo a contactar con personas en búsqueda de trabajo explicando que se encuentra seleccionando trabajadores, ofreciendo las mismas condiciones. Carla asegura que “vuelve a las andadas” y que “lo tiene muy bien montado”.

Llega esa fecha pero no les convocan. Vuelven a quedarse sin ninguna respuesta y, al día siguiente, 19 de septiembre, descubren que M.B se ha borrado su perfil de LinkedIn, en el que se mostraba como administrador único de Tolayus. “No sabemos nada de él, nos ponemos en contacto con Randstad y nos dicen que todo va muy bien, que no hay ningún problema, y que en septiembre empezamos. Ya estábamos muy cabreados, porque veíamos que este hombre había desaparecido”, detalla María.

Carla, en el momento en que es consciente de la desaparición de F.M.B, y ante, según confiesa, el tratamiento recibido por la consultora, decide denunciar: “Estuve mandando durante todo ese mes de espera todas las pruebas que habíamos recabado sobre este señor, sobre la estafa que estaba haciendo, y ellos lo negaban. Me decían que no, que todo estaba bien”. Antes de dar este paso, contactó con distintas oficinas de Randstad, pero ninguna de ellas le daba solución. 

Fue la primera persona que decidió denunciar a la Guardia Civil: “Era un poco complicado. ¿A quién denuncias? ¿A Randstad? ¿Al hombre? ¿A la empresa? Entonces yo denuncié a todos. Y fui diciendo cómo lo había hecho. Esa misma mañana llegaron un montón de denuncias”. Ese mismo día en el que presenta la denuncia, recibe un correo con el que se confirman las peores sospechas. Correo que también llega al resto de personas afectadas y en el que Randstad anuncia que ha sido víctima de estafa.

“[...] La empresa Randstad considera que ha sido víctima de una estafa por parte de este Sr., razón por la que hemos procedido a interponer la correspondiente denuncia ante la autoridad competente. En este sentido, Randstad recomienda a todos los candidatos del proceso que os sintáis perjudicados por la actuación de D. F.M.B, que procedáis en el mismo sentido y que interpongáis la correspondiente denuncia en defensa de vuestros intereses”, se podía leer en el cuerpo del mensaje, cedido por una de las personas entrevistadas. 

Al final del mismo, se aseguran de aclarar que son ajenos a las actuaciones de F.M.B: “Randstad no tiene nada que ver con la actuación de D. F.M.B y esperamos que las acciones legales interpuestas lleguen a buen fin y sirvan para que responda de sus actos y de los perjuicios causados”. 

Desde la Guardia Civil, asegura Carla, le dieron a entender que “el principal culpable, por así decirlo, era F.M.B, y su empresa” pero que Randstad podría llegar a ser “cómplice” o, al menos, algunos de sus trabajadores. “Nosotros, que no tenemos ni idea, en dos días descubrimos todo lo que había detrás, Randstad que al final es una empresa muy grande, cómo no se da cuenta. O no ha querido verlo, o nos ha estado engañando”. 

“Cuando yo dudé [explica también Daiana], contacté con varios departamentos de Randstad, y todos los que me contestaban me aseguraban que todo estaba bien, que estaba todo verificado, y que no me preocupara. Y después, de un día para otro, recibo ese correo en el que habían sido víctimas de estafa y no tenían ni idea. ¿Cómo puede ser? Si ellos me dijeron que todo estaba verificado y bajo control".

Sin trabajo, estafadas y con sus datos “robados”

No solo se han quedado sin trabajo, sino que las personas afectadas han proporcionado todos sus datos personales al supuesto administrador único de Tolayus, F.M.B: cuentas bancarias, número de la Seguridad Social, DNI… Con la “suerte” de que nadie, al menos que se sepa, llegó a pagar el curso, aunque era la intención.

“Nos han dejado en manos de un estafador, con todos nuestros datos y cuentas bancarias”, relata María preocupada, explicando que muchas personas han denunciado pero, como no hay dinero de por medio, poco se podrá hacer. “Las expectativas que el trabajo te crea, para una persona que está desempleada, el horario, el sueldo, que se ofrezca teletrabajo… Para mí ha sido, de verdad, una pena”, confiesa, también, Cristina. Ella, en cambio, ha adoptado una postura distinta, se ha adherido a la demanda de Randstad.

Randstad pone su departamento jurídico a disposición de los afectados

Cuando Cristina recibe el correo en el que, finalmente, se reconoce que se ha producido una estafa, decide no responder. Se siente decepcionada, no entiende cómo han podido caer en algo así, pero recibe una llamada de Randstad. Le explican que, si lo desea, puede adherirse a su denuncia y que ellos correrán con todos los gastos. 

De hecho, recientemente ha recibido un mensaje de los abogados de la consultora explicando que, efectivamente, han iniciado con este proceso de denuncia y que el mismo no supondrá ningún coste para los afectados. Asimismo, explica que, la misma persona que la contactó, le ha ofrecido su ayuda en caso de estar interesada en otra oferta de empleo de la consultora, asegurando que hará todo lo posible para facilitar su reincorporación laboral.

No habría sido el caso de todas las personas afectadas. Daiana explica que, en su caso, nadie le ha ofrecido adherirse a la demanda, no sabía que a otras personas se le había dado esa opción: “Si lo hubiera sabido, quizás me hubiera unido”.

Desilusión y miedo: ¿qué podrían hacer con sus datos?

María y Carla se muestran más preocupadas por el posible tratamiento que puedan hacer de sus datos, al igual que sienten que la gestión de Randstad no ha sido la correcta y que no han sabido actuar a tiempo. Se suma a la desilusión: “Todos teníamos una ilusión tremenda con este trabajo, que era un buen trabajo, y se han lavado las manos. Un disparate todo”, manifiesta la primera.

No entiende cómo una consultora como Randstad no cuenta con un proceso de verificación más exhaustivo, y ha podido caer ante una estafa así, poniendo en peligro los datos personales de tantos afectados. Se siente frustrada. Y cabreada: “Que lo hubiesen mirado antes, ellos contratan a la gente para la selección [...]. Han dado mis datos a una persona que a saber qué puede hacer con ellos”, explica molesta, más aún al confesar que había renunciado a otros trabajos por este. 

Añade, además, una total “falta de empatía”: “Nos hemos quedado sin trabajo de la noche a la mañana”. Unas quejas que, junto a otros afectados, mostró en las redes sociales del grupo de recursos humanos, pero todos ellos, asegura, fueron borrados. Han tardado un mes en confirmar que han sido estafados, supuestamente, y, a pesar de ello, “no han tenido ni una disculpa”. “Te fías porque es una multinacional como Randstad”, defiende, aunque el resultado, para ella, ha sido más bien otro: “Nos han engañado como a tontos”. 

En el caso de Carla, se suma otro factor: solicitó que borrarán sus datos del proceso de selección de Taloyus, pero los han borrado de toda la plataforma, es decir, también del resto de procesos selectivos en los que estaba apuntada. “Yo estaba buscando trabajo y, la verdad, la plataforma que mejor me ha funcionado para ello ha sido Randstad, pero decidieron borrar todos mis datos de su plataforma” y no solo del proceso Taloyus, como ella asegura que especificó. Como consecuencia, ha perdido entrevistas de trabajo que tenía concertadas.

La actuación de Randstad, ¿a posible evaluación?

Randstad no ha querido ni desmentir ni confirmar los hechos. Desde este medio, se ha contactado en varias ocasiones, y por distintas vías, con la consultora, pero no ha sido posible obtener su postura al respecto, por lo que la narración de los hechos corresponde exclusivamente a las personas entrevistadas. La oferta de empleo, que supuestamente habría acabado en estafa, era para 250 administrativos y en la plataforma de LinkedIn de afectados, hay inscritos actualmente 37 personas. 

De confirmarse el anterior escenario, cabría preguntarse qué implicaciones tendría el proceso selectivo descrito. Desde ‘NoticiasTrabajo’ se ha contactado con distintos abogados para abordar los posibles efectos. Uno de ellos es Ignacio de la Calzada, más conocido en sus redes sociales como ‘Un tío legal’: “Por un lado, si es una estafa tendría que determinarlo un juez de instrucción, si hay un engaño suficiente. Por otro, el tema de los datos personales es la preocupación”.

“Entiendo que Randstad cumple con todos los procedimientos correctos en cuanto a la protección de datos y, en este caso, cuando se ha podido producir una posible “brecha de seguridad” de datos, tendrían que activar los protocolos. Y, sobre todo, si han sido estafados, Randstad tendría también que poner una denuncia como afectado por una posible estafa”. Tal denuncia, según el testimonio de las entrevistadas y el correo facilitado por una de ellas, se habría presentado. De hecho, como se ha explicado, desde la consultora han ofrecido su departamento jurídico para que los afectados interesados puedan adherirse a la demanda sin ningún coste. Al menos a algunos de ellos.

Sobre el tema de protección de datos, continúa explicando que, si hay una vulneración, debe ser la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) quien deba investigarlo y, si lo considera, ponga las multas correspondientes. Otro frente es: ¿hizo Randstad todo lo necesario para verificar si esta empresa, Taloyus, que supuestamente sería una estafa, era real? En caso de que no, ¿podrían ponerle una multa a Randstad? Para Ignacio, el veredicto es el mismo: solo la Agencia podría determinarlo. 

Una de las cosas que tendrán que evaluar, en caso de que se confirmara esta “brecha de seguridad”, es si se informó a la agencia de ello y de las medidas que se aplicaron para avisar a los afectados así como para gestionar la misma. Es un tema que también se podría abordar desde la perspectiva de prevención de riesgos laborales: tengo una brecha de seguridad, ¿qué medidas correctoras aplico? Avisarlo, denunciarlo, medidas para evitar que vuelva a suceder… Y, de cara a los afectados, ¿daños y perjuicios? “Podría ser”, aunque podría depender de cada caso. 

Desde Agustín Falcón Abogados, también apuntan a la evaluación de una posible “cesión fraudulenta”. Entienden que Randstad tenía autorización para enviar los datos de los candidatos seleccionados a terceras personas, en este caso la inmobiliaria Taloyus, pero con un objetivo: la consecución de un empleo. En este caso, a pesar de existir esta legitimidad, podría alegarse un posible fraude de confirmarse los hechos. En un principio, la cesión de datos “se hace de buena fe, o se entiende que lo es”, pero se acaba cediendo a una empresa ilegítima, por lo que se podría tratar como una “cesión fraudulenta”.

Se suma la evidencia de pruebas. Tal como manifiestan las personas entrevistadas, la consultora es conocedora de que el proceso estaba siendo anómalo, al mismo tiempo que le avisan de que empresa y administrador desaparecen: dejan de contestar a sus mensajes y borran sus perfiles de LinkedIn. Ante esto, podría parecer que “no se cerciora sobre ello”, o al menos según los testimonios, “no parece que lo hagan”. 

Plantea también las mismas preguntas que Ignacio: ante esta posible brecha de seguridad, ¿usaron las medidas de control a su alcance? En caso de que no, se podría alegar “falta de diligencia” o “mala praxis”. Ante este escenario, su consejo a las posibles personas afectadas es que denuncien a ambas partes ante la Guardia Civil, como ya han hecho algunas, pero también a la Agencia de Protección de Datos, que sí podría sancionar a la empresa si considera que ha habido un tratamiento incorrecto de los datos.