En España, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es percibido por una gran mayoría como algo injusto, ya que no se entiende que se tenga que pagar dos veces impuestos por el mismo bien. Así, mientras gran parte de Europa (incluida España) busca recaudar más, Suiza ha enviado un mensaje contundente desde las urnas. En el referéndum celebrado el pasado 30 de noviembre, el 78,3% de los votantes rechazó la llamada “Iniciativa para el Futuro”, que proponía instaurar un impuesto federal del 50% sobre las herencias y donaciones superiores a los 50 millones de francos suizos (unos 53 millones de euros).
El resultado (se puede ver en la web oficial de Suiza) no solo protege el modelo fiscal suizo, basado en la competencia cantonal y la exención para familiares directos, sino que ofrece un agudo contraste con la política desplegada en España, donde el Ejecutivo acumula 93 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018.
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El pragmatismo suizo frente a la fuga de capitales
La propuesta, impulsada por las Juventudes Socialistas (Juso), pretendía centralizar un tributo que históricamente ha sido competencia de los cantones. El objetivo era financiar la lucha contra el cambio climático gravando a los “ultra ricos”. Ahora bien, la respuesta del electorado ha sido inequívoca. Siguiendo la recomendación del Consejo Federal y del Parlamento, los suizos han priorizado la estabilidad económica y la protección del tejido empresarial familiar frente a la promesa de justicia redistributiva. El argumento central del “no” fue el riesgo real de que un gravamen de tal magnitud provocara un éxodo de grandes patrimonios, erosionando la base fiscal en lugar de aumentarla.
El sistema suizo actual se mantiene así intacto, ya que no existe impuesto de sucesiones a nivel federal. Aunque la mayoría de los cantones aplican algún tipo de gravamen, la práctica totalidad exime de pago a los cónyuges y descendientes directos, lo que convierte al país en un refugio de estabilidad para la transmisión de riqueza intergeneracional.
La antítesis fiscal de España en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Al otro lado de los Alpes, la realidad española discurre por una senda opuesta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido una política de incremento de la presión fiscal que no muestra signos de agotamiento. Según un informe del Instituto Juan de Mariana, el Ejecutivo ha aprobado casi un centenar de subidas tributarias en los últimos seis años. Lejos de emular la contención suiza, España proyecta para 2025 un paquete de 12 nuevas medidas recaudatorias.
Entre las novedades que entrarán en vigor el próximo año destacan la imposición obligatoria de una nueva tasa de basura municipal, la subida del IVA de la electricidad (del 5% al 21%) y de los alimentos básicos, y un incremento en la tributación del ahorro en el IRPF, cuyo tipo marginal escalará hasta el 30%. Además, se consolidan gravámenes extraordinarios sobre la banca y las energéticas, y se endurece el Impuesto de Sociedades limitando la deducción de bases negativas.
La lección suiza resuena especialmente en el ámbito del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En España, este tributo se rige por una ley estatal de 1987, pero su gestión está cedida a las comunidades autónomas. Esto ha generado un mapa asimétrico donde, mientras regiones como Madrid, Andalucía o Galicia aplican bonificaciones que neutralizan el impuesto para familiares directos (Grupos I y II) (acercándose al modelo suizo), el Gobierno central ha maniobrado para armonizar al alza la tributación patrimonial.
La creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas fue la respuesta del Ejecutivo para desactivar las bonificaciones regionales en el Impuesto sobre el Patrimonio, evidenciando una filosofía diametralmente opuesta a la competencia fiscal que los suizos acaban de ratificar en las urnas. Mientras Suiza fía su prosperidad a atraer y retener capital mediante tipos amables, España apuesta por elevar la contribución de rentas y patrimonios para sostener el gasto público, aun a riesgo de desincentivar la inversión.
La votación del 30 de noviembre deja claro que, cuando se consulta directamente a la ciudadanía sobre la conveniencia de gravar la riqueza familiar y empresarial, el pragmatismo económico tiende a imponerse sobre la ideología.