El Gobierno aprobará previsiblemente este martes, en el último Consejo de Ministros del año, los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para el ejercicio de 2026. Estas serán las normas que regirán el funcionamiento del gasto y las políticas públicas, dado que en 2024 y 2025 no se han aprobado unas nuevas cuentas públicas, por lo que las de 2023 siguen en vigor.
La necesidad de esta aprobación viene recogida en el artículo 134.4 de la Constitución Española, que establece que “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. Sin embargo, el Gobierno debe establecer cada año los criterios de aplicación de esa prórroga, un trámite que tradicionalmente se aborda y aprueba en el último Consejo de Ministros del año, y que es lo que se espera que ocurra mañana, según recogen desde Europa Press.
Con la aprobación de estos criterios, los Presupuestos de 2023 se prorrogarán automáticamente por tercera vez a partir del próximo 1 de enero, mientras el Gobierno trabaja en la elaboración del proyecto de nuevas cuentas públicas para 2026 y su tramitación en las Cortes Generales. Este será el undécimo caso de prórroga presupuestaria en la historia reciente de la democracia española, después de las de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017 (en dos ocasiones), y ahora por tercera vez con las de 2023.
El Gobierno trabaja en unos presupuestos “expansivos y responsables”
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que los Presupuestos de 2026, que el Gobierno está preparando, serán “expansivos y responsables”. Montero ha asegurado que se está trabajando para que las nuevas cuentas sean percibidas por la mayoría de los grupos políticos como una “necesidad” que trasladar a los hogares, en un contexto de gasto público que busca equilibrar inversiones con estabilidad fiscal.
Según los parámetros recogidos en el plan fiscal estructural, el déficit público del conjunto de las administraciones se reducirá progresivamente:
- 2,1% del PIB en 2026
- 1,8% en 2027
- 1,6% en 2028
En cuanto a la deuda pública, los objetivos planteados sitúan su ratio en:
- 100,9% del PIB en 2026
- 100% en 2027
- 99,1% en 2028
Mientras se concreta el nuevo proyecto de ley de Presupuestos, la prórroga de las cuentas de 2023 y los criterios que se aprobarán mañana permitirán a la Administración del Estado seguir financiando sus programas y obligaciones con seguridad jurídica y continuidad normativa.
El Gobierno tiene complicada la aprobación de los presupuestos
El Ejecutivo afronta la prórroga en un contexto parlamentario fragmentado, especialmente tras la anunciada ruptura definitiva de Junts, lo que complica la consecución de apoyos amplios para sacar adelante unos nuevos Presupuestos.
Lo que sí tiene ya definido el Gobierno es el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para 2026, que se sitúa en 216.177 millones de euros, una cifra récord. Asimismo, ha fijado la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, aunque esta senda fue rechazada en el Congreso de los Diputados.
En ausencia de aprobación parlamentaria de la senda de déficit, entrará en vigor la contenida en el plan fiscal estructural a medio plazo remitido el año pasado a Bruselas. Este plan establece un margen de gasto menor para las comunidades autónomas y mayor flexibilidad para la Administración Central.