Después de una larga jornada en el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja ha convalidado este jueves el decreto ley del Gobierno de ayudas fiscales y energéticas destinado a paliar el impacto económico de la guerra en Irán. El paquete de 80 medidas, que movilizará 5.000 millones de euros, ha salido adelante con el único voto en contra de Vox, la abstención del PP y Podemos y el apoyo del resto del hemiciclo.
Rebajas fiscales sobre energía y carburantes
Entre las principales disposiciones figura la reducción del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad, gas natural y combustibles derivados como briquetas y ‘pellets’. A lo que se suma la congelación del precio máximo de la bombona de butano y del propano, y la recuperación de una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria.
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En paralelo, el Ejecutivo ha rebajado los impuestos que inciden en el precio de la gasolina y el gasóleo hasta el mínimo permitido por la normativa europea. En el ámbito eléctrico, se mantiene la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, el mínimo comunitario.
Ayudas directas y protección del empleo
El plan contempla también ayudas específicas para los sectores más expuestos al alza de los costes energéticos como son transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores que recibirán una bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional por parte de la Agencia Tributaria y las haciendas forales.
Asimismo, se establece una ayuda adicional para la compra de fertilizantes, con el objetivo de “contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra”, según el Ejecutivo.
En el plano laboral, el decreto introduce una medida de calado: la prohibición de despidos objetivos vinculados a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, tanto para empresas afectadas como para aquellas que reciban ayudas públicas en el marco del plan.
El Gobierno refuerza además las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para supervisar y sancionar a las compañías que se beneficien de estas ayudas, con el fin de evitar prácticas abusivas. El organismo podrá vigilar los márgenes empresariales en el sector de los combustibles y, en su caso, el Consejo de Ministros podrá establecer límites a los beneficios.
Impulso a la transición energética
El decreto incorpora también medidas de carácter estructural orientadas a la transición energética. En concreto, se introducen deducciones fiscales en el IRPF para fomentar el autoconsumo, como la instalación de placas solares, y la electrificación de la economía, incluyendo ayudas para puntos de recarga, bombas de calor y sistemas de climatización eficientes.
Asimismo, se establece una deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, en línea con la estrategia de reducción de la dependencia energética exterior.