La Unión Europea da un paso decisivo en su política climática y comercial y, desde este año, exigirá a las empresas pagar por las emisiones de CO2 de ciertos productos importados, lo que afectará a miles de empresas. Se trata del inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), conocido como el “arancel al carbono” europeo, una de las medidas más relevantes del Pacto Verde y que tendrá un impacto directo en las compañías que operan dentro del mercado comunitario. Una medida con un claro fin de avance climático que contrasta con otras como la marcha atrás del fin de los coches diésel y gasolina en 2035.
En este llamado Pacto Verde se enmarcan una serie de nuevas normativas, referentes al uso de sustancias químicas o a la seguridad de los juguetes que se comercializan para niños, que están vigentes ya desde este 2026, según aseguró EFE.
Desde esa fecha, los importadores de bienes intensivos en emisiones, como el acero, el hierro, el cemento, el aluminio, los fertilizantes, el hidrógeno o la electricidad, deberán comprar y entregar certificados que reflejen el CO2 incorporado en los productos que entren en la UE. El precio de estos certificados estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS), el mismo sistema que ya se aplica a muchas industrias dentro del bloque comunitario.
La Comisión Europea defiende que esta medida busca evitar la “fuga de carbono”, es decir, que las empresas trasladen su producción a países con normas medioambientales más laxas, y garantizar una competencia equitativa entre productores europeos y extracomunitarios. Sin embargo, su aplicación ha generado un intenso debate en sectores industriales clave, que alertan del impacto económico que puede tener en costes y precios finales.
El arancel al carbono afectará a miles de empresas
El CBAM llega tras un periodo transitorio iniciado en 2023 y finalizado en 2025, durante el cual las empresas solo estaban obligadas a notificar las emisiones asociadas a sus importaciones. Con la entrada en vigor plena en 2026, el sistema pasa de la mera declaración al pago efectivo, lo que supone un cambio sustancial para muchas compañías que operan con proveedores de fuera de la Unión Europea.
No obstante, las instituciones comunitarias alcanzaron un acuerdo en junio para simplificar el mecanismo, de forma que, en la práctica, el 90% de las empresas quedará exento de pagar este recargo cuando comience a aplicarse. Bruselas sostiene que la carga principal recaerá en los grandes importadores y en los sectores con mayor huella de carbono, mientras que las pequeñas y medianas empresas se verán menos afectadas.
Aun así, organizaciones empresariales de sectores como el metal o el aluminio han calificado el sistema, tal y como está diseñado, de “desastre” para la industria y han pedido revisar sus parámetros antes de su plena aplicación, alertando de una posible pérdida de competitividad frente a terceros países.
Una medida clave dentro del Pacto Verde Europeo
Desde la Comisión Europea subrayan que el arancel al carbono es una pieza central de la estrategia climática de la UE y un mensaje claro a los socios comerciales: los productos que accedan al mercado comunitario deberán cumplir estándares medioambientales similares a los exigidos a las empresas europeas.
Con esta norma, Bruselas pretende reforzar la protección del medio ambiente, impulsar una industria más limpia y evitar distorsiones en el mercado interior, aunque reconoce que su puesta en marcha en 2026 marcará un antes y un después en las relaciones comerciales de la Unión Europea con el resto del mundo.