La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno perjudica en mayor medida a la Administración central que a las comunidades autónomas. La institución señala que el rediseño del modelo, aún pendiente de aprobación, puede tensionar las cuentas del Estado en un contexto de crecientes necesidades de gasto.
En una entrevista con Europa Press, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha defendido que “dar 20.000 millones de euros más” a las autonomías “no es una buena idea”, ya que el Estado arrastra un déficit presupuestario superior en más de dos puntos al de las comunidades, cuya situación fiscal es relativamente más equilibrada.
En un informe previo sobre el nuevo modelo, la fundación informaba que la cesión de recursos “agravará los problemas financieros” de la Administración central y la dejará “con muy poco margen presupuestario”, en un momento en el que las presiones sobre el gasto son “cada vez más fuertes” por el aumento del presupuesto en defensa y el “creciente déficit contributivo” de la Seguridad Social.
Un reparto “más equitativo”, con reservas
Fedea reconoce, no obstante, que la iniciativa del Ejecutivo introduce mejoras respecto a planteamientos anteriores. De la Fuente señala que el Gobierno ha eliminado “ocurrencias, cosas extrañas”, como los fondos de convergencia o parte del fondo de suficiencia, aunque lamenta que haya incorporado “una nueva colección de nuevas ocurrencias”, entre ellas el fondo climático.
Este instrumento prevé distribuir 1.000 millones de euros adicionales primando “fuertemente” a las comunidades del litoral mediterráneo por estar “más expuestas” al cambio climático. En su análisis, la fundación ya había advertido de que este mecanismo podría fomentar la “arbitrariedad” en el reparto.
Con todo, el director de Fedea sostiene que el nuevo esquema resulta “más equitativo”, al reducir las diferencias de financiación entre regiones ricas y pobres. Con el criterio de financiación por habitante ajustado, Cataluña (507 euros), Comunitat Valenciana (496), Región de Murcia (468), Baleares (450) y la Comunidad de Madrid (409) serían las que más recursos ganarían. La Rioja, Cantabria, Extremadura y Castilla y León, en cambio, no verían incrementado el gasto por habitante.
Aunque “nadie pierde” en términos absolutos, los índices de financiación relativa por habitante ajustado descenderían en varias comunidades: siete puntos en Galicia, seis en Asturias, 10,7 en Cantabria, 10,1 en La Rioja, 10 en Extremadura, 9,7 en Castilla y León, 4,1 en Aragón, 3,3 en Canarias y 0,6 en Castilla-La Mancha.
Críticas a la cesión del IRPF y llamamiento al acuerdo
De la Fuente también se muestra crítico con la cesión de la recaudación del IRPF a Cataluña, que considera “un peligro” para la salud financiera del país. “Fraccionar la recaudación tributaria y quitar recursos al Estado es una manera de desguazar España, y eso no nos interesa a ninguno”, subraya.
En su opinión, la reforma debería partir del “núcleo” de la propuesta, es decir, de los fondos de nivelación vertical, y eliminar tanto los fondos adicionales como el porcentaje de cesión del IRPF, para abrir una negociación entre todas las comunidades autónomas.
“La negociación con las comunidades autónomas es necesaria. El problema es que lo único que quiere cada uno es que le des más dinero a él. Si para lograr acuerdos tienes que inventarte beneficios específicos para cada una, quizá no merece la pena, no es una buena receta”, afirma.
Como alternativa, plantea un pacto “razonable”: “Las regiones pobres quieren igualdad total; las ricas, como generan más, quieren más recursos. Un acuerdo político que permita llegar a un punto intermedio no es imposible. Un margen para que las ricas se queden con más y, a cambio, el sistema sea más igualitario con el resto”.
El economista considera que el Ejecutivo podría aprobar “pronto” el modelo, aunque prevé que lo haría sin un consenso amplio entre territorios, sino porque el PSOE “convencerá a los partidos nacionalistas de izquierdas”. “Si en vez de pelearse se sentaran a negociar, se podría llegar a un acuerdo. Esto sería mucho mejor que llegar al Congreso con las CCAA a cara de perro”, concluye.