La tarifa regulada tendrá un nuevo método de cálculo. El Gobierno ya debate la última fase de una nueva estrategia para que aquellos usuarios con contrato adscrito al sistema PVPC (o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) no estén tan expuestos a las considerables fluctuaciones del mercado de la electricidad, con precios disparados por la inflación o la guerra en Ucrania, entre otros.
"Hoy mismo hemos sacado a información pública el borrador del real decreto por el que cambiamos la tarifa que más utilizamos los consumidores españoles, la tarifa regulada PVPC, que ha sido la que nos ha ofrecido los mejores precios desde su creación porque estaba vinculada directamente al precio del mercado mayorista, de electricidad de cada día", ha señalado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
"Por eso hemos hecho una propuesta que estará en información pública durante un mes, para poder enriquecerla, mejorarla, corregirla, reduciendo esa volatilidad, introduciendo distintos indicadores, permitiendo que las referencias a futuro nos aseguren una estabilidad mayor en los precios que pagamos", agregó.
Reducir la vinculación al mercado diario
La medida, que se espera que esté en vigor en 2023 para el 35% de los usuarios de la tarifa regulada en España, trataría, en resumen, de estabilizar y reducir las amplias diferencias entre los distintos tramos horarios y sus precios. Para ello se cambiaría su metodología de cálculo, aprovechando para ello las concesiones que brinda la ‘excepción ibérica’ aprobada mediante real decreto el pasado mayo. De esta manera, tal y como explicó Ribera, se podría volver a reducir la factura de la luz.
La tarifa regulada o PVPC depende de los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), que están fuertemente expuestos al más puro corto plazo a las contingencias exteriores y la volatilidad, como ocurre ahora, por ejemplo, con la guerra en Ucrania. Esto ha dejado a un lado que sea la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación en 2014.
Con tal de evitar ese efecto dominó instantáneo que acaba penalizando al bolsillo de los consumidores, el ministerio de Ribera pretende reducir en la medida de lo posible la vinculación al mercado diario y sus acusados vaivenes guiándose por la mayor estabilidad de precios de los mercados a plazo del MIBEL. En ellos se compra energía con antelación, más orientada al largo plazo.
Ahora, esa vinculación es del 100%. La propuesta de Real Decreto que incluye la nueva metodología apuesta por otorgar peso a las referencias a los mercados de futuros, donde se negocian contratos de compraventa de un producto a largo plazo que crecerán progresivamente, comenzando en el 25% en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025, finalmente. Actualmente, las diferencias entre la hora más barata y la más cara alcanza de media el 27%. El nuevo sistema las reduciría, según cálculos gubernamentales, al 17%.
Tres referencias temporales en lugar de un precio fijo
Concretamente, se plantea aplicar a la fórmula de cálculo de la tarifa regulada que ya contemplaba la normativa de la ‘excepción ibérica’ una referencia basada en una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Así, se conseguiría un cálculo más real.
Estas nuevas referencias en los mercados de futuro se medirían en forma de tres referencias temporales: 10% la mensual, 36 % la trimestral y 54 % la anual. Esta última, la anual, sería la que más pesaría, para así dar estabilidad al precio resultante y suavizar así sus oscilaciones.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señaló que con esta combinación de señales a corto, medio y largo plazo, “se conseguiría salvaguardar la variación de precios del mercado diario, incentivando el desplazamiento de la demanda a las horas más baratas, con mayor producción renovable, a la vez que se lograría una mayor estabilidad”.
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