El Gobierno ha confirmado que se mantendrá la rebaja del 10% en el IVA de los carburantes, aprobada el pasado marzo, como medida para hacer frente al encarecimiento de la energía derivado de la inestabilidad en Oriente Próximo, a pesar de la advertencia remitida por la Comisión Europea. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo considera que esta decisión es “temporal” y seguirá vigente hasta el próximo 30 de junio.
Desde el propio Ministerio han confirmado a Europa Press que el Gobierno mantiene un diálogo “constructivo y fluido” con la Comisión Europea, al tiempo que defienden la continuidad de la rebaja por su carácter no estructural. En este sentido, insisten en que la prioridad es apoyar a familias, autónomos y empresas ante el aumento de los costes energéticos.
Por su parte, la Comisión Europea ha explicado, a través de su portavoz de fiscalidad, Louise Bogey, que la directiva comunitaria sobre el IVA “no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”. Esta advertencia fue remitida al Gobierno mediante una carta el pasado 28 de marzo, aunque no supone el inicio de un procedimiento sancionador.
El Gobierno insiste en el carácter “temporal” de la medida y se seguirán aplicando las rebajas
Según fuentes comunitarias, la comunicación enviada a España incluía posibles alternativas compatibles con la legislación europea para responder al alza de los precios de la energía. Entre ellas, se encuentran medidas relacionadas con los impuestos especiales sobre los carburantes.
Este contacto constituye una primera advertencia formal por parte de Bruselas, que mantiene abierto el diálogo con el Ejecutivo español sobre el encaje de la medida.
No obstante, desde Hacienda han reiterado que la rebaja del IVA responde a una situación excepcional y que su aplicación está limitada en el tiempo. “La prioridad del Gobierno es y será apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que jamás debería haber empezado”, señalaron fuentes ministeriales.
El Gobierno defiende así la continuidad de la medida mientras se mantenga el actual contexto internacional, al tiempo que mantiene conversaciones con la Comisión Europea sobre su adecuación a la normativa comunitaria.