La Agencia Tributaria advierte: se reduce el pago en efectivo a 1.000 euros

El Congreso de los Diputados aprobó el mes pasado la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal impulsada por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que incluye, entre otras medidas, el límite máximo para pagos en efectivo disminuyendo de 2.500 a 1.000 euros, siempre que al menos una de las partes actúe como empresario o profesional.

Esta nueva ley antifraude, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde el 11 de julio de 2021, también afecta el pago en efectivo de las nóminas superiores a 1.000 euros brutos, incluidos otros conceptos como pagos extras, dietas o transporte, dirigida a profundizar en la lucha contra el fraude fiscal. 

Además, se reduce de 15.000 a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de España y también prohíbe las amnistías fiscales. Pero la cosa no acaba ahí. La nueva normativa establece nuevas medidas tributarias como el listado de morosos publicado cada año por el Ministerio de Hacienda y Función pública, que rebaja de un millón a 600.000 euros el ratio de deuda para aparecer en la lista publicada por Hacienda. 

Críticas de los empresarios por la nueva Ley Antifraude

La polémica y las críticas ante la nueva ley antifraude no se han hecho esperar por parte de algunas organizaciones del sector empresarial, como ANGED, CEC, ACOTEX y FECE. 

Estas organizaciones empresariales advierten de que se trata de un límite de pago en metálico muy bajo, ya que pone en sospecha a los profesionales o empresarios por parte de la Agencia Tributaria cuando cualquier cliente realice compras en el comercio por valor superior a 1.000 euros. 

El sector comercial advierte que España es uno de los países que menos preparados están para poner en marcha esta nueva medida y es que el 83% de las operaciones de compra por parte de los empresarios o autónomos son en efectivo, según datos obtenidos del Banco Central Europeo, lo que supone hasta diez puntos más que la media europea. 

El Banco Central Europeo ya se opuso a la ley antifraude

En 2019 el Banco Central Europe ya consideró "desproporcionada" esta medida discal, según palabras Mario Draghi, el por aquel entonces presidente del BCE. De hecho, advirtió de que “bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo”.

Es más, en el documento que remitió este organismo público europeo señalaba también que esta limitación dificultaba la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de "curso legal".

Sin embargo, aún queda por ver la opinión de Christine Lagarde, la actual presidenta del Banco Central Europeo. Sin embargo, esta ley establece en su preámbulo que contiene modificaciones en diversas normas, principalmente en materia tributaria, con la finalidad para proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal.