“Si las horas extras que se realizan en España se transformaran en puestos de trabajo, acabaríamos con el paro”

El Profesor de la Universidad de Valencia y Doctor en Derecho, Daniel Toscani, no solo habla sobre el Derecho del Trabajo en sus clases, así como en sus numerosos artículos en prestigiosas revistas especializadas en materia laboral. 

El abogado con más de 25 años de experiencia en Derecho Laboral, también lanza sus mensajes a través de su cuenta de Twitter, un altavoz en forma de red social en el que cuenta con casi treinta y dos mil seguidores. 

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, celebrado el 1 de mayo, Daniel Toscani atiende la llamada de nuestro medio para hablar de forma distendida sobre temas tan actuales como la situación de los derechos de los trabajadores en España, las tareas pendientes en cuanto a la equiparidad de sueldos entre mujeres y hombres o el derecho a la desconexión digital, una práctica no siempre llevada a cabo por las empresas. 

Uno de los derechos que no están siendo respetados tiene que ver con la realización de las horas extras, algo realmente escandaloso. Incluso después de la puesta en práctica en las empresas del Registro de la Jornada, se están firmando registros de ocho horas que realmente son muy superiores. Además, en muchos casos, estas horas extras ni siquiera están siendo pagadas. 

De hecho, las estadísticas lo confirman. A la semana se llevan a cabo hasta seis millones de horas extras que no son remuneradas. Si estas horas extras se transformaran en puestos de trabajo, acabaríamos con las tasas de paro. 

En segundo lugar, destacaría otra gran asignatura pendiente en España: el derecho a la desconexión digital. Es muy común, sobre todo en personas pegadas a los dispositivos electrónicos, recibir un correo electrónico “urgente” de la empresa a las diez de la noche. Esto refleja que la desconexión digital brilla por su ausencia. 

Exacto, lo tienen recogido de forma escrita, pero otra cosa es que lo lleven a la realidad del trabajador en el día a día. 

En este sentido, destacaría el gran lastre de siempre: la altísima tasa de contratos temporales. Está demostrado que más del 50% de esos contratos son fraudulentos, es decir, no reflejan la mano de obra temporal, si no que están cubriendo puestos habituales de la empresa y que deberían de formar parte de la plantilla fija. No parece lógico que de 100 contratos que se firman, 90 sean temporales. Son cifras escandalosas. 

Esa es otra, el abuso que sufre la juventud con este tipo de contratos supuestamente formativos. Están bien siempre y cuando esa persona esté realmente cursando sus estudios y quiera complementarlos con prácticas de forma voluntaria, pero nunca cubriendo un puesto real de trabajo. De hecho, respecto a esta problemática, el Parlamento Europeo tiene una resolución que se puede consultar a través de su página web en la que se pide prohibir las prácticas sin remunerar porque suponen la explotación de los jóvenes. 

Sin lugar a dudas, el derecho a la conciliación laboral con la vida familiar. En otros países europeos tienen más asumido que el trabajador tiene que tener tiempo de descanso para poder disfrutar de su familia y amigos. Sin embargo, en España el pensamiento del presentismo está todavía muy arraigado. Parece que el trabajador va a ser más productivo porque pase más horas en su puesto de trabajo, sin embargo, luego no se controla y puede que esté haciendo otras tareas. Por lo tanto, esto no se refleja en términos de productividad. 

Claro, el objetivo de esta propuesta es reducir el absentismo laboral y hacer crecer la productividad. No haría falta estar tantos días en la oficina de forma presencial, una iniciativa que se podría estudiar perfectamente, pero esto pasa por una falta de concienciación social total. Por ejemplo, en Reino Unido las tiendas y supermercados cierran a las 4 de la tarde y la gente lo ve como algo normal, pero,¿qué pasaría si eso fuera en España? 

Evidentemente no y, mucho menos los jóvenes se van a poder independizar con alquileres a 800 euros. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a subir el SMI a 1.200 euros en los próximos dos o tres años, pero incluso con ese sueldo difícilmente se puede subsistir. 

El problema radica principalmente en que hemos perdido mucho poder adquisitivo. En los últimos veinte años hemos perdido un 40% de poder adquisitivo, mientras que los salarios han subido solo un 10%. Tendría que subir el Salario Mínimo a 1.800 euros para recuperar estimular a los convenios colectivos a fijar salarios de 2.000 euros, pero eso sería una revolución total y absoluta.

Yo creo que esta normativa es más formalista que otra cosa. Evidentemente si se hiciera bien podría poner de manifiesto si hay algún tipo de discriminación por razón de género, pero muchas veces lo que se hace es falsificar estos datos. 

En el fondo, los empresarios tienen la mentalidad, no tanto por el hecho de ser mujer, sino porque saben que contratar a una mujer para determinados puestos de mayor responsabilidad implica que en muchas ocasiones lo tengan que combinar con la faceta de ser madre.

Si la mujer se queda embarazada, el empresario ya sabe que la mujer cogerá la baja por maternidad o que cuando los hijos estén enfermos, será la encargada de quedarse en casa para cuidarlos. Hasta que no cambie esa mentalidad por parte de los empresarios, todo lo que se haga sobre el papel, va a ser realmente papel mojado. Pero no solo eso, también es un problema de repartir las cargas sociales porque tristemente es el reflejo de la sociedad en la que vivimos.