En pleno proceso de negociación para la que sería la sexta prórroga de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) durante la pandemia de coronavirus, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prescindirá de 500 empleados a final de este mes de septiembre de 2021.
Se trata del segundo tijeretazo a esa plantilla de 1.500 trabajadores totales contratados en interinidad para apoyar los servicios de una infraestructura laboral ya de por sí saturada y desbordada más allá de los límites durante la pandemia. Y no será la última, ya que después de esta y la anterior, de finales de junio, tampoco se les renovará el contrato a los últimos 500 que quedarían.
Ese grueso de interinos suponía el 17,8% y resultaban vitales permitían tramitar con menor retraso del habitual el enorme volumen de prestaciones por desempleo y ERTE, entre otros servicios. "La situación va a afectar en todas las oficinas. En septiembre concluirán muchos de los contratos que se han hecho en verano, como servicios y hostelería, y habrá gente que volverá al paro", explica CSIF, que advierte: "Su no renovación se va a notar en la carga de trabajo y probablemente haya retrasos en prestaciones".
Rechazo de los sindicatos
Ante esta situación y la nueva oleada de gestión y regularización de los ERTE con la prórroga más allá del 30 de septiembre, que se va a ver seriamente afectada, los sindicatos muestran su total oposición. Reclaman incluso el por qué, ante el mencionado contexto, no se prorroga seis meses el contrato a los que preparan su salida justo el día que se va a extender el mecanismo de conservación de empleo básico durante la crisis sanitaria, que aún no ha finalizado.
"Pese a llamar la atención de Hacienda y de Trabajo, no hemos visto intención de reconducir la situación ni que Hacienda (a través de la Dirección General de Costes) dé su brazo a torcer", afirma el CSIF, que ha insistido varias veces al Gobierno en las negociaciones para la prórroga de los ERTE que ataje este problema. Los sindicatos, por tanto, no solo creen que sea una necesidad actual. Un problema que viene de atrás.
"Nosotros calculamos antes de la pandemia que la plantilla del SEPE necesitaba 10.500 trabajadores para ser mínimamente satisfactoria", apunta CCOO. Cifras muy lejos de las 8.000 personas actualmente contratadas y que cada año continúa menguando. “Muy por debajo de lo que se necesita", sobre todo en lugares como Barcelona o Madrid, indica el CSIF.
Un mal endémico: plantilla corta y oferta de empleo insuficiente
No es de extrañar, consecuentemente, que el CSIF no pare de reclamar una mayor oferta de empleo ante la constante y progresiva destrucción de empleo en el SEPE con tal de subsanar ese "déficit estructural". Como fundamento a sus peticiones, exponen los 3.400 puestos de trabajo que se han ido perdiendo en el organismo a lo largo de los últimos diez años.
El Gobierno lanzó a finales de julio una oferta de empleo público de 30.455 plazas para trabajar en la Administración General del Estado (AGE) que, sin embargo, “rechazaron” los sindicatos por considerarla “insuficiente”. Para ellos, la única solución para afrontar esa destrucción laboral y los “múltiples problemas de la AGE” como los retrasos en la tramitación de prestaciones o el cierre de oficinas del SEPE, es una “planificación plurianual” de convocatoria de empleo.
De hecho, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de trabajadores de la AGE ha pasado de los 294.998 de enero de 2011 a los 229.348 del mismo mes de este año.
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