El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. Esta condena ha abierto un nuevo debate sobre la independencia judicial. Aunque la resolución no es firme, implica su salida inmediata del cargo una vez sea notificada. Sobre esta fallo, el abogado Xavier Abat ha querido poner en sus redes sociales su punto de vista sobre este tema, donde explica que “huele mal, muy mal”.
Recordar que este caso se remonta a la causa penal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un fraude fiscal superior a los 300.000 euros. En aquel contexto de máxima presión mediática, desde la Fiscalía supuestamente se filtró un correo interno con datos reservados sobre un posible acuerdo de conformidad. Según la acusación y como recuerda el abogado, el objetivo habría sido “contrarrestar el impacto político de la noticia publicada por el diario El Mundo”.
A esa revelación inicial se sumó una nota de prensa que también fue difundida antes de su envío oficial. El Mundo reveló que el comunicado fue publicado por El País a las 07.14 horas del 14 de marzo, casi tres horas antes de su distribución institucional. La directora de Comunicación de la Fiscalía lo admitió durante el juicio. Para el instructor, ambos hechos constituyen una “unidad de acto”.
La sentencia del Supremo acredita la filtración de secretos
El Tribunal Supremo considera probado que García Ortiz consintió la difusión del correo con información reservada. Sobre este asunto ABAT explica que “no es que se dude, no, se ha aprobado por la sentencia”. El artículo 417.1 del Código Penal castiga estas conductas con prisión de uno a tres años, multa e inhabilitación hasta seis. Aun así, la condena final se limita a dos años de inhabilitación y a una sanción económica considerada por el abogado como “una multita que con el desayuno, con el bonus del mes que viene ya lo va a pagar”.
La vista oral dejó además elementos determinantes. El teniente coronel de la UCO Antonio Balas fue contundente al señalar que “todo lo que se ha filtrado textualmente antes estaba en manos de la Fiscalía General del Estado” y que el fiscal general era quien tenía “el dominio” de la información aquella noche. Los investigadores también pusieron el foco en la eliminación de mensajes de WhatsApp y Gmail por parte de García Ortiz el mismo día en que el Supremo asumió la causa.
La víctima directa de la filtración, Alberto González Amador, relató el daño causado: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. Me habían destrozado por completo”. Lamentó haber perdido su anonimato y aseguró que “el punto de inflexión es la nota de prensa que saca el fiscal general”.
El Colegio de la Abogacía de Madrid, que presentó la primera querella, denunció en el juicio “una fractura sin precedentes del derecho de defensa” al hacerse públicos textos literales de correos confidenciales entre abogado y fiscal.
Uno de los elementos más polémicos señalados por el abogado es la velocidad con la que el Supremo ha dictado sentencia. “Este Tribunal Supremo tarda años en dictar sentencias. Muchas veces. Y en tiempo récord, en pocas semanas, ya ha salido la sentencia”, afirma en su vídeo.
A su juicio, este ritmo inusualmente acelerado responde a intereses políticos. “Recordemos quién nombra a los jueces del Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez lo eligen los partidos políticos. Esto ya sabemos que tiene un nombre, mafia”.
En paralelo, las reacciones políticas han evidenciado el calado institucional del caso. El Gobierno ha reconocido que respeta pero no comparte el fallo. La oposición, por su parte, lo considera “una operación política” dirigida desde la Fiscalía.
Para Abat, la decisión del Supremo se traduce en “una condena simbólica” que no impedirá al fiscal general volver a un puesto público una vez cumplida la inhabilitación.
