La Comisión Europea ha propuesto rectificar el veto previsto para la venta de coches nuevos que emiten CO2 a partir de 2035, introduciendo un margen de flexibilidad para los fabricantes en sus objetivos de emisiones. La medida, anunciada el pasado martes y pendiente aún de negociación con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, responde a la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos, la creciente competencia de China y los aranceles de Estados Unidos.
El plan propone que hasta un 10% del volumen de CO2 de las flotas nuevas de cada fabricante en 2035 pueda compensarse mediante reducciones previas en la cadena de valor, utilizando “créditos” conseguidos por el uso de acero bajo en carbono producido en Europa y por el empleo de biocombustibles y combustibles sintéticos. Además, Bruselas permitirá que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador sigan comercializándose después de 2035, en un claro cambio respecto a la meta inicial de prohibición total.
“Afirmamos claramente el principio de neutralidad tecnológica. Confiamos en la industria para proponer las soluciones más pertinentes para alcanzar la descarbonización”, subrayó el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné. Por su parte, el comisario de Transportes, Apóstolos Tzitzikostas, estimó que “aproximadamente el 35% de los vehículos que no sean eléctricos serán de combustión o híbridos o cualquier otra tecnología”.
Contexto y posiciones en Europa
La revisión del calendario y de los objetivos medioambientales alinea a la Comisión con las demandas de la industria del motor y de países como Alemania e Italia, que se habían mostrado reticentes a un veto absoluto. Sin embargo, se aleja de la posición de España, partidaria de mantener la prohibición en 2035.
El ajuste se produce un año después de que Bruselas ya concediera a los fabricantes una prórroga hasta 2027 para cumplir sus obligaciones de reducción de emisiones. Ahora, la Comisión extiende esa lógica a la década siguiente: el periodo 2030-2032 estará sujeto a revisión, para evaluar si la legislación responde a los objetivos de descarbonización.
Según Séjourné, aunque “la electrificación del parqué sigue siendo el principal motor de la transformación de la flota europea a diez años”, la industria afronta “una crisis de la demanda, un retraso tecnológico y una competencia internacional a veces desleal”.
Medidas adicionales para el sector
La propuesta revisa también las exigencias para furgonetas y camiones: las primeras deberán reducir un 40% sus emisiones de CO2 para 2030 respecto a 2021 (frente al 50% fijado antes), y los segundos tendrán márgenes adicionales de flexibilidad. Además, se impulsa una nueva directiva para flotas profesionales, que supondrá objetivos vinculantes de electrificación para empresas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación, lo que busca incentivar la demanda de vehículos de bajas y cero emisiones y generar un mercado de segunda mano de eléctricos.
En paralelo, la Comisión apuesta por el desarrollo de pequeños coches eléctricos europeos, creando una subcategoría específica para modelos de hasta 4,2 metros, con menos exigencias regulatorias e incentivos especiales. Los vehículos fabricados en Europa contarán más en los objetivos de reducción de emisiones y gozarán de ventajas como aparcamiento preferente o exenciones de peajes.
El paquete se completa con un plan de 1.800 millones de euros para apoyar la industria europea de baterías eléctricas, facilitando financiación, acceso a materias primas y simplificando trámites, lo que supondrá un ahorro de 700 millones de euros anuales para el sector.
La rectificación de Bruselas abre un periodo decisivo de negociación y supone un giro pragmático que busca equilibrar la transición ecológica con la viabilidad industrial y la competitividad europea.
