La detención de Nicolás Maduro tras una operación de Estados Unidos abre una fase de transición incierta en Venezuela que, más allá del estruendo diplomático, aterriza con rapidez en los balances. En España, el foco se concentra en Repsol, la gran compañía nacional con más exposición histórica al país caribeño y una de las que mejor ilustra cómo la geopolítica se convierte en contabilidad, flujo de caja y cotización.
El mapa venezolano de Repsol combina presencia industrial y un riesgo financiero persistente. A 30 de junio de 2025, la empresa situaba su exposición patrimonial en 330 millones de euros y señalaba que su producción en el país se había incrementado hasta 70.500 barriles equivalentes al día, con predominio del gas. En paralelo, mantenía reservas probadas declaradas en Venezuela en 2024 de 51 millones de barriles equivalentes en crudo y líquidos, además de 1.044 miles de millones de pies cúbicos de gas en sociedades consolidadas (magnitudes que ayudan a entender por qué la compañía no se mueve con ligereza en ese tablero).
El problema es que, en Venezuela, producir no siempre equivale a cobrar. La propia Repsol explicaba en su información semestral que el marco de sanciones complicaba la repatriación de valor y recordaba el giro de marzo de 2025, cuando Estados Unidos revocó autorizaciones para operar y exportar, fijando un periodo de liquidación que llevaba como fecha de referencia el 27 de mayo de 2025. A esa restricción se sumaba la amenaza de medidas comerciales adicionales, como un arancel del 25% a importaciones de crudo venezolano en determinados supuestos.
En ese contexto, la caída del poder chavista puede funcionar como palanca o como trampa. Palanca si deriva en una relajación ordenada del régimen de sanciones y en un marco de pagos verificable, algo que la prensa económica internacional viene describiendo como el gran cuello de botella para las empresas europeas con actividad de gas en el país. Trampa si el vacío político se traduce en un periodo prolongado de inseguridad jurídica, nuevos obstáculos operativos o una renegociación de facto de obligaciones pendientes que diluya los derechos de cobro, tal y como explica Financial Times.
La pregunta para España es cuánto de este episodio pasa de ser un riesgo empresarial a convertirse en un asunto macroeconómico. Repsol no es una compañía cualquiera para el tejido productivo nacional. En su informe de contribución fiscal, el grupo cifra en 8.427 millones de euros su aportación fiscal en España en 2024 y en 17.634 sus empleados en el país, con más de la mitad de los ingresos del grupo concentrados en el mercado español. Cuando una empresa con ese peso enfrenta volatilidad de cobros y activos en el exterior, el impacto potencial no se mide solo en titulares, sino en inversiones aplazadas, dividendo más prudente y menor tracción en una parte relevante del Ibex.
Conviene también separar el plano corporativo del energético. España es un gran importador de crudo y derivados, pero su abastecimiento se apoya en una cesta amplia. Los datos de CORES muestran que en octubre de 2025 España importó crudos originarios de 18 países, un indicador útil para evitar lecturas simplistas sobre dependencia.
Eso no elimina el efecto Venezuela en el corto plazo, porque el comercio con ese origen creció en 2024 y repuntó a comienzos de 2025 antes del endurecimiento del marco estadounidense, pero sí sugiere que el riesgo principal no es de suministro nacional, sino de negocio y cobro para compañías concretas.
A partir de aquí, el desenlace razonable se mueve entre tres escenarios. El primero es una normalización gradual que permita recomponer flujos comerciales y un esquema de pagos trazable, con una mejora clara de expectativas para Repsol. El segundo es un bloqueo prolongado, con sanciones y licencias sujetas a vaivenes políticos, que mantendría el negocio en modo defensivo y reforzaría la cautela contable, según explica la agencia Reuters. El tercero es el más disruptivo, una transición desordenada que eleve el riesgo operativo y legal, justo cuando los mercados suelen anticipar soluciones que luego tardan años en materializarse.
La economía española, por tamaño y diversificación, puede absorber un episodio así sin trasladarlo al surtidor ni al crecimiento de forma inmediata. Pero Repsol no opera en abstracto, ya que es empleo industrial, recaudación, inversión y ahorro doméstico canalizado a Bolsa. Por eso, el caso venezolano vuelve a recordar una lección incómoda para los consejos de administración y para los países donde cotizan sus campeones nacionales, que la geopolítica no se sigue para entender el mundo, sino para calcular el próximo trimestre.
