El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado 3 de enero de 2026 que su Administración ha ejecutado un ataque “a gran escala” contra Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y trasladados fuera del país. Caracas, por su parte, denuncia una “agresión militar” en la capital y en varios estados y ha activado dispositivos de defensa interna, sin confirmar por ahora la detención del mandatario.
Más allá del choque político y militar, la escalada coloca de nuevo en primer plano una batalla económica que ya venía intensificándose en los últimos meses y que es, quién controla los flujos de ingresos de la industria petrolera venezolana, cómo se aplican las sanciones y, sobre todo, qué coste asumen los terceros países y empresas que mantienen relaciones comerciales con Caracas.
El petróleo y palanca de presión y variable de contagio
Venezuela no es hoy un gran “price maker” del crudo mundial, pero sigue siendo relevante por tres razones: el volumen potencial de sus reservas, la calidad de su petróleo (pesado, útil para determinadas refinerías) y el carácter altamente politizado de su exportación, condicionada por sanciones y licencias.
Para Europa y, en particular, para España, el punto no está tanto en una dependencia estructural, sino en el impacto indirecto, pues cuando un productor sancionado se convierte en epicentro de una crisis, aumenta la prima de riesgo geopolítico y se reordenan rutas, seguros y financiación del comercio energético. Ese efecto suele trasladarse a los precios internacionales y, con rezago, a los costes de transporte y combustibles.
Sanciones y aranceles
La Administración Trump ya había elevado el listón económico antes de esta madrugada. En marzo de 2025 anunció aranceles del 25% a países que compren petróleo o gas venezolanos, una fórmula pensada para disuadir a importadores a través del coste de comerciar con Estados Unidos.
Este tipo de medida tiene un efecto doble, pues reduce el margen de maniobra de gobiernos y compañías (porque no se trata solo de legalidad, sino de acceso al mercado estadounidense) y encarece el comercio incluso cuando hay alternativas legales o licencias transitorias. En la práctica, introduce incertidumbre en contratos de suministro, pagos y aseguramiento marítimo.
Repsol
España tiene un actor especialmente expuesto, Repsol. Washington notificó en 2025 la revocación de permisos a socios de PDVSA, entre ellos la compañía española, lo que complicó el esquema por el que Repsol venía recuperando deuda mediante entregas de crudo. Cinco Días (El País) cifró en 586 millones de euros la deuda cuya recuperación se vuelve más difícil con el veto estadounidense. Por otro lado, Reuters informó de que, ante el vencimiento del plazo estadounidense, Repsol buscaba fórmulas para mantener la operativa dentro del marco permitido.
Un agravamiento del conflicto añade tres capas de riesgo: seguridad física y continuidad operativa sobre el terreno; riesgo regulatorio (sanciones y licencias); y riesgo de cobro y repatriación de flujos, en un entorno de alta fricción bancaria y comercial.
España y el crudo venezolano donde no es dependencia, pero sí sensibilidad
Los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) reflejan que las importaciones españolas de crudo venezolano repuntaron con fuerza en 2024, con un aumento interanual del 116,1%. Reuters explica que esas compras por encima de los 3 millones de toneladas, el nivel más alto desde 2015, y recordó que el incremento se producía en vísperas de nuevas restricciones estadounidenses.
Esto no convierte a Venezuela en un proveedor crítico para España, pero sí en un elemento que afecta a la optimización del refino y a la diversificación. Si el flujo se corta por sanciones más duras o por disrupción logística, el sistema puede sustituir barriles por otros orígenes, pero no siempre con el mismo coste, calidad o facilidad de transporte.
Ahora, como afecta a España. Pues hay que poner la vista sobre tres ejes. El primero la Inflación y energía. La vía más directa es la volatilidad del precio internacional del crudo. Un repunte sostenido encarece carburantes y logística y presiona al alza la inflación, con efectos de segunda ronda sobre empresas intensivas en transporte y energía.
Por otro lado, empresas y comercio exterior. La medida estadounidense de aranceles del 25% vinculada a compras de energía venezolana añade un problema de “contaminación comercial”: el coste potencial ya no se concentra en la factura energética, sino en la relación comercial con Estados Unidos.
Por último, riesgo reputacional y de cumplimiento. Para compañías con presencia o relación contractual en Venezuela, el escenario eleva los costes de cumplimiento (compliance), auditoría de contrapartes, trazabilidad de cargamentos y revisión de cláusulas de fuerza mayor, además de dificultar la financiación de operaciones.
Aun así, todavía y con poca información hay muchas incógnitas. Reuters recoge que el Gobierno venezolano ha condenado la “agresión militar” y ha anunciado medidas de emergencia. Y medios internacionales señalan que altos cargos venezolanos han pedido “pruebas de vida” de Maduro, lo que ilustra la incertidumbre inmediata.
Por otro lado, se reconoce si Washington acompaña la escalada militar con un endurecimiento acelerado de sanciones, más designaciones de empresas y nuevas restricciones logísticas. En los últimos días, EE UU ya había impuesto sanciones a comerciantes vinculados al transporte de crudo venezolano, en el marco de su campaña de presión.
Por último queda por saber cómo reaccionan precios, seguros marítimos y disponibilidad de buques en el Caribe, y qué respuesta coordinada adopta la UE si el conflicto se prolonga.
Para España (aunque todavía es pronto para afirmarlo), el balance económico dependerá menos de la relación bilateral con Caracas que de la evolución del petróleo y del perímetro sancionador de Estados Unidos. En un escenario de tensión prolongada, el coste no sería solo energético: sería también comercial, empresarial y regulatorio.
