España se ha alineado en Ginebra con la estrategia más dura contra los nuevos productos de nicotina. Junto a Dinamarca, la delegación española apoya en la COP11 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud un texto que permitiría a los países prohibir o restringir de forma muy severa la fabricación, importación, distribución, venta y uso de cigarrillos electrónicos, dispositivos sin nicotina y bolsas de nicotina.
Este movimiento choca con la posición acordada pocos días antes por los Estados miembros de la Unión Europea en el COREPER I, donde se decidió no reclamar prohibiciones globales sobre estos productos de menor riesgo y mantener una diferenciación clara entre el tabaco combustible y las alternativas sin combustión utilizadas por fumadores adultos. El mandato europeo apostaba por una postura prudente y defensiva, sin vetos ni saltos regulatorios extremos que pudieran tener impacto socioeconómico relevante.
Esta maniobra llega en un foro completamente opaco, ya que a diferencia de otras cumbres internacionales, las sesiones de la COP11 se celebran a puerta cerrada, sin presencia de prensa y con un papel central de los funcionarios, sin control político directo. Organizaciones de consumidores y asociaciones defensoras de la reducción de daños califican este modelo de negociación como poco transparente y de difícil rendición de cuentas.
Una prohibición con otras palabras
Según los textos que han sido filtrados, el párrafo impulsado por Dinamarca y respaldado por España anima a los gobiernos a adoptar medidas regulatorias integrales que pueden incluir la prohibición o la restricción muy amplia de todos los productos novedosos y emergentes de nicotina, entre ellos los sistemas electrónicos con y sin nicotina y las bolsas orales. En la práctica, advierten estas organizaciones, se trata de abrir la puerta a un veto casi total sin llamarlo explícitamente prohibición.
Michael Landl, director de la World Vapers Alliance, ha calificado la operación como “un escándalo absoluto”. A su juicio, “la Comisión Europea y Dinamarca están ignorando el mandato de los Estados miembros y atacan a millones de europeos que utilizan estos productos para alejarse del cigarrillo tradicional”. Plataformas como Pouch Patrol subrayan que una prohibición no eliminaría la nicotina del mercado, solo retiraría las opciones de menor riesgo mientras el tabaco combustible seguiría disponible.
El giro en Ginebra encaja con la línea que el Gobierno español, que ya ha intentado aplicar en casa. El Ministerio de Sanidad sacó la nueva Ley Antitabaco, un borrador de Real Decreto que equiparaba legalmente las bolsas de nicotina al tabaco, prohibía la mayoría de sabores en vapers y vetaba la venta en línea. La Comisión Europea y varios países, entre ellos Suecia, Italia o Grecia, frenaron el texto por considerarlo desproporcionado y potencialmente contrario al mercado único.
Para el sector y los consumidores, la preocupación ahora es doble. Por un lado, España mantiene abierto el frente interno del Real Decreto, todavía bajo el escrutinio de Bruselas y. por otro, impulsa en la OMS un marco global que permitiría a cada país borrar del mapa los productos sin humo, incluso allí donde existen regulaciones nacionales más equilibradas.
Las asociaciones que agrupan a usuarios adultos reclaman que cualquier decisión se base en evidencia científica y se debata en procesos abiertos, con participación de expertos independientes y de quienes han dejado de fumar gracias a estos dispositivos. A su juicio, demonizar sin matices los productos de menor riesgo mientras el cigarrillo sigue en el estanco supone, en la práctica, disparar contra la principal alternativa al humo.
