El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros una flexibilización excepcional de los requisitos para que los trabajadores eventuales del campo puedan acceder al subsidio agrario y a la renta agraria tras la pérdida de actividad provocada por la sucesión de borrascas. La medida reduce, con carácter temporal, el número de peonadas necesarias para cobrar estas prestaciones en las zonas afectadas, con el objetivo de evitar que el parón de campañas y los daños en las fincas deje sin ingresos a miles de familias del medio rural.
Según adelanto la Cadena Ser, el Ejecutivo rebajará de 35 a cinco el número de jornadas reales exigidas para percibir el subsidio en el caso de quienes ya fueron beneficiarios el año anterior. Para la renta agraria, el recorte será de 53 a 15 peonadas cuando el trabajador no hubiera sido receptor de esa ayuda en el año inmediatamente anterior. Se trata de un ajuste que los sindicatos venían reclamando desde que las lluvias y las inundaciones empezaron a traducirse en cosechas que no podrán recogerse, accesos impracticables a explotaciones anegadas y una caída inmediata del empleo vinculado a campañas concretas.
La presión sindical se ha intensificado a medida que se constataba la magnitud del golpe en algunas comarcas. “No podemos permitir que esta situación deje sin protección a miles de familias del medio rural”, sostuvo este jueves el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, al reclamar que se habiliten mecanismos extraordinarios mientras persistan los efectos del temporal.
Las organizaciones de trabajadores y las agrarias han puesto el foco, además, en el encaje administrativo del censo agrario, donde piden cambios urgentes para que, durante este periodo, no sea obligatorio acreditar 30 jornadas en los doce meses previos para mantenerse inscrito. También solicitan la condonación del abono de la cuota del Régimen Especial Agrario, los llamados sellos o boletines, mientras la actividad siga condicionada por los daños.
Por otro lado, la flexibilización de las prestaciones, el Ministerio de Agricultura ha activado la vía comunitaria. El ministro Luis Planas explicó este viernes, tras reunirse en Sevilla con cooperativas y organizaciones del sector, de que ya ha solicitado a la Comisión Europea la activación del fondo agrícola de crisis para las zonas afectadas por las borrascas. La petición busca abrir el paraguas financiero comunitario para un territorio donde, solo en Andalucía, el propio Planas cuantificó en más de 14.000 las hectáreas que han quedado sin producción por la anegación de tierras.
Las pérdidas, aún no están plenamente acotadas, ya que el ministro reconoció que resulta prematuro cerrar una valoración completa porque los técnicos no pueden acceder a diversas áreas afectadas, precisamente por el estado de caminos y parcelas. Aun así, el Ejecutivo trabaja en un plan de respuesta con dos objetivos en el que, por un lado busca compensar a agricultores y ganaderos por las pérdidas ya constatadas y, por otro, reconstruir infraestructuras de producción dañadas por las inundaciones, como las revisadas este viernes en Villaverde del Río (Sevilla).
Otra pieza, es la Política Agraria Común, donde el ministro avanzó que se estudia aplicar flexibilidades para que los agricultores no pierdan ayudas si no pueden cultivar o cumplir determinados requisitos por una causa de fuerza mayor. En el campo andaluz, los cultivos más castigados por el agua, según el ministro, son los frutos rojos, los cítricos, las hortalizas, los herbáceos y el olivar, una enumeración que dibuja el alcance transversal del episodio meteorológico sobre la despensa agrícola de la comunidad.
En este contexto, el ministro defendió el papel del sistema de seguros agrarios como “la mejor herramienta de protección” ante adversidades climáticas y subrayó el aumento del presupuesto público destinado a subvencionar pólizas. El Gobierno ha consignado 315 millones de euros este año para seguros, frente a los 211 millones de 2018. En Andalucía, añadió, quienes contrataron pólizas en 2025 recibieron más de 32 millones en ayudas estatales, una subvención que habría cubierto alrededor del 45% del coste neto del seguro agrario.
La respuesta institucional se articula también en clave de coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Planas adelantó la visita a Andalucía del comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, la próxima semana, y defendió la necesidad de evitar solapamientos en ayudas y medidas de apoyo para ganar velocidad en la gestión. Las organizaciones agrarias, por su parte, valoraron esa coordinación, aunque insistieron en la urgencia de sostener a quienes han perdido la cosecha y la capacidad productiva. “Lo más urgente es atender a quien se ha quedado sin nada y después tenemos que restituir el potencial productivo de Andalucía, que somos la despensa de Europa”, afirmó Juan Luis Ávila, secretario general de COAG en Andalucía.
La Junta ha pedido al Gobierno que eleve a Bruselas la adopción de una medida excepcional al amparo del artículo 221 del Reglamento (UE) 1308/2013, con cargo a la reserva agrícola, recordando que este instrumento ya se aplicó en marzo de 2025. Y reclama, además, flexibilidades adicionales en los requisitos de las ayudas directas de la PAC. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, precisó que la comunidad ha solicitado margen en cuestiones como la rotación de cultivos con especies mejorantes, la siembra directa o las cubiertas vegetales, así como en determinadas ayudas asociadas a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal, para que las explotaciones puedan mantener las ayudas pese a las dificultades derivadas de las lluvias.
