El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el real decreto ley que moviliza más de 7.000 millones de euros en ayudas para los afectados de Extremadura y Andalucía por las recientes borrascas. Esta medida, aprobada con la votación en contra de Vox, busca atender a los damnificados, reparar infraestructuras y mitigar el impacto económico de los temporales.
El decreto se suma a la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero. Los recursos permitirán compensar a más de 12.400 personas desalojadas, así como hacer frente a los daños en viviendas, comercios y sectores clave como el agrícola y el pesquero, según el Gobierno.
Las ayudas directas a las familias constituyen uno de los pilares del plan. En concreto, se establece una compensación de 150 euros por persona y día para quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares. Esta cuantía será compatible con otras subvenciones, como las destinadas a reparar daños en viviendas. Así, por ejemplo, una familia de cuatro miembros desalojada durante diez días podría recibir hasta 6.000 euros.
El texto aprobado introduce además un tratamiento fiscal favorable: todas las ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto de sociedades, y no computarán a efectos del ingreso mínimo vital. En el ámbito local, el Ejecutivo destinará 2.000 millones de euros a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras dañadas. Al tratarse de transferencias directas y no prestamos, los municipios no tendrán que devolver la cuantía, pero tendrán que justificar el abono de las mismas en el ámbito para el que va destinado.
Medidas fiscales y laborales
El decreto incorpora también un conjunto de medidas fiscales destinadas a aliviar la carga de los afectados. Entre ellas figura la exención del IBI y la reducción del impuesto sobre actividades económicas en 2026 para inmuebles dañados. En caso de haberse abonado ya estos tributos, los contribuyentes podrán solicitar su devolución.
Asimismo, se prevé una reducción de módulos en el IRPF y del régimen simplificado del IVA para explotaciones agrarias situadas en las zonas afectadas. En paralelo, el paquete incluye medidas laborales y de Seguridad Social, como la prestación por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo; ERTE por fuerza mayor para los trabajadores afectados, con exenciones en la cotización para las empresas y aplazamiento o moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
El texto contempla también una protección reforzada para colectivos vulnerables, como las empleadas del hogar, y flexibiliza el acceso al subsidio agrario, reduciendo de 35 a cinco las jornadas reales cotizadas necesarias, también anunciado en febrero.
Impulso a la reconstrucción y a los sectores productivos
El plan dedica un volumen significativo de recursos a la recuperación de los sectores productivos. En concreto, se movilizan más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para explotaciones agrarias registradas en las zonas afectadas, así como 10 millones para armadores de buques pesqueros con base en Málaga, Cádiz y Huelva.
A estas partidas se suman 600 millones para la reparación de caminos rurales y 163 millones para infraestructuras ferroviarias y viarias de titularidad estatal, a cargo del Ministerio de Transportes. El comercio y la hostelería también recibirán apoyo mediante subvenciones por valor de 120 millones de euros y líneas de financiación del ICO dotadas con otros 100 millones.
