La Asociación Española de Consumidores (AEC) ha difundido una encuesta en la que han participado más de 3.500 personas, las cuales cuestionan el anteproyecto de ley antitabaco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Según sus resultados, el 71% de los consultados “volvería a consumir cigarrillos convencionales” si se prohíben los productos alternativos; solo un 18% ve adecuada la prohibición de fumar en terrazas y espacios al aire libre; y un 67% cree que las políticas “prohibicionistas” pueden favorecer el contrabando. La asociación anuncia alegaciones formales al texto de Sanidad.
El Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García por su parte, explica que la reforma busca “desnormalizar” el consumo y proteger a terceros ampliando los espacios sin humo. El plan del Gobierno incluye equiparar cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina al tabaco convencional, y prohíbe fumar y vapear en nuevas zonas como las terrazas de bares y restaurantes, marquesinas o recintos deportivos. También busca reforzar la protección de menores, previendo sanciones cuando sean sorprendidos, fumando o vapeando, multa que “a veces sin conocimiento” recaerán en los padres o tutores legales.
El debate llega en un momento de cambio de ciclo, pues España registra mínimos de consumo de tabaco en tres décadas, según la macroencuesta EDADES 2024 (se puede consultar en este enlace). El informe constata un descenso del consumo ocasional de tabaco respecto a 2022 y confirma que los hombres fuman más que las mujeres. Entre las sustancias con mayor prevalencia en los últimos 12 meses siguen figurando alcohol (76,5%) y tabaco (36,8%). Ahora, ¿es necesario cambiar una ley y hacerla más prohibitiva?
El vapeo es un 95% menos dañino que el tabaco
Sobre esta pregunta, habla uno de los ejes del comunicado de la AEC es la defensa de los llamados “productos sin combustión, con el argumento “muy citado” de que serían “hasta un 95% menos dañinos” que el tabaco. Esa cifra procede de evaluaciones británicas, las cuales se pueden consultar en web oficial del gobierno de Reino Unido. En 2015, Public Health England estimó que el vapeo es “alrededor de un 95% menos perjudicial” que fumar; en 2022, la Office for Health Improvement and Disparities (OHID) actualizó la evidencia y sostuvo que vapear “supone solo una fracción del riesgo” de fumar, matizando que el mensaje más prudente es ese último enunciado. No son productos inocuos, y su uso por menores es desaconsejado.
El texto de Sanidad ha encendido a la hostelería, que tacha de “desproporcionada” la prohibición de fumar en terrazas por su impacto en el negocio y la experiencia del cliente; parte del sector reclama diálogo y medidas menos punitivas. Las sociedades médicas y entidades antitabaco, en cambio, aplauden que se amplíen espacios sin humo, aunque piden ir más lejos con empaquetado neutro y fiscalidad.
El sondeo de la AEC asocia también las “prohibiciones” con un aumento del contrabando. La evidencia disponible es heterogénea y a menudo procede de informes financiados por la industria; las fuerzas de seguridad intensifican de forma periódica los operativos contra la venta ilegal. En cualquier caso, expertos en salud pública recuerdan que la clave para evitar mercados irregulares es una aplicación efectiva de la norma y el control de canales de venta, físicos y en línea.
