La nueva Ley Antitabaco impulsada por el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, está dando de qué hablar, hasta tal punto que el debate ha sobrepasado el continente y ha llegado a los Estados Unidos. El medio estadounidense DC Journal, perteneciente al grupo InsideSources, ha criticado las nuevas medidas legislativas de España en materia de tabaco y ha calificado de “científicamente absurda” la intención de prohibir el consumo de bolsitas de nicotina en espacios públicos al aire libre.
El artículo explica que las políticas sanitarias han derivado en una suerte de acoso público que ignora la evidencia científica sobre los mecanismos de transmisión de daños. El texto relata que las prohibiciones originales de fumar en lugares cerrados, implementadas hace décadas en Norteamérica y Europa, contaban con una justificación sólida basada en el perjuicio demostrado del humo de segunda mano para empleados y transeúntes, algo que no ocurre con esta nueva norma.
A pesar de que la protección de terceras personas contra el humo fue el pilar legal y ético que permitió restringir derechos de propiedad y libertades individuales, en este caso Martin Cullip, autor del artículo, explica que las nuevas normativas han abandonado esa lógica. Es decir, ahora se busca la “estigmatización” de los usuarios de nicotina, independientemente de si sus hábitos representan o no un riesgo real para terceros.
La nueva ley del tabaco en España carente de base científica
La crítica se basa en cómo está evolucionando la nueva normativa en España, ya que el Gobierno tiene la intención de equiparar legalmente las nuevas formas de consumo con el tabaco tradicional. En este sentido, el análisis apunta a que las bolsitas de nicotina no producen humo ni vapor y no emiten sustancia alguna al ambiente.

Por eso, Cullip defiende que no existe ninguna evidencia o mecanismo por el cual estos productos puedan dañar a quienes se encuentran cerca. Según esta postura, igualar estos dispositivos con el tabaco combustible responde más a un pánico moral y al puritanismo que a una política basada en la evidencia.
El artículo también explica al detalle la controversia sobre los cigarrillos electrónicos y establece una distinción química y física entre el humo del tabaco y el aerosol de los vapeadores. Mientras que el humo del cigarrillo convencional es producto de la combustión y libera miles de toxinas y carcinógenos, el vapor se genera al calentar un líquido.
El texto cita como referencia a Public Health England y al Real Colegio de Médicos del Reino Unido, instituciones que han estimado que vapear es al menos un 95% menos dañino que fumar y que las emisiones exhaladas poseen niveles de químicos tóxicos insignificantes o indetectables.
La publicación de este análisis en DC Journal muestra esa corriente de opinión que cuestiona la deriva prohibicionista de las administraciones occidentales, como es el caso de España. Cabe destacar que este medio independiente, que distribuye contenido a cerca de 300 periódicos en Estados Unidos, suele ofrecer análisis de políticas públicas desde una perspectiva crítica con la intervención estatal excesiva.
El autor termina relatando que la extensión de las prohibiciones a productos que no generan humo pasivo revela que el verdadero motivo de las regulaciones ya no es la salud pública, sino el control del comportamiento y la imposición de obediencia mediante el castigo y el estigma.
Esta visión choca frontalmente con la estrategia del Ministerio de Sanidad español y de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades sanitarias españolas defienden que es necesario limitar estos nuevos productos no solo por su toxicidad potencial, sino para evitar que se conviertan en una puerta de entrada al tabaquismo para los jóvenes y para no renormalizar el acto de fumar en espacios compartidos. La tensión entre la reducción de daños que proponen los defensores de las alternativas sin combustión y la prevención total que persiguen los reguladores continúa marcando la agenda legislativa a ambos lados del Atlántico.

