Es difícil imaginar un acto de mayor miopía política y sanitaria que el presenciado la semana pasada en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su cruzada dogmática contra el tabaco, dio a México el premio Orquídea por su “lucha intransigente” contra la industria. Ahora, lo que la OMS celebró con aplausos en Suiza, en las calles de México se traduce en una realidad mucho más oscura, pues al prohibir por mandato constitucional los vapeadores y cigarrillos electrónicos, el gobierno no ha eliminado el consumo, sino que ha entregado el monopolio de su distribución a quienes no respetan leyes ni fronteras. En la práctica, el galardón de la OMS acaba de validar la nueva “caja chica” del crimen organizado.
La paradoja es difícil de entender, ya que mientras los funcionarios de salud recogen estatuillas, siete de los cárteles más sanguinarios del planeta (incluidos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa) se frotan las manos. Así lo demuestra un informe del periodista Óscar Balderas donde se dice que la prohibición ha creado un mercado negro que mueve hasta 20.000 millones de pesos anuales (unos 941 millones de euros).
Ese dinero, que debería ir en forma de impuestos para la sanidad pública, en realidad sirve para financiar hoy la compra de armas, la corrupción y la violencia en 16 estados mexicanos. La prohibición no ha protegido la salud de los mexicanos; ha engordado las cuentas de sus verdugos.
No hace falta cruzar el Atlántico para ver el fracaso de estas políticas. Europa ofrece ejemplos de manual sobre cómo la asfixia fiscal y el prohibicionismo alimentan a las mafias. Francia, con su cajetilla a 12 euros y su cruzada regulatoria, ha conseguido convertirse en el paraíso del contrabandista: el 37% del tabaco que se fuma en el país es ilegal. El Estado francés no solo ha perdido el control sanitario sobre lo que consumen sus ciudadanos, sino que ha renunciado a 9.400 millones de euros en recaudación solo en 2024.
Países Bajos ha seguido la misma senda suicida, duplicando su mercado ilícito en dos años tras una subida drástica de impuestos. El resultado no es una sociedad más sana, sino puertos como los de Amberes y Róterdam convertidos en campos de batalla donde las mafias de la droga diversifican su cartera de negocio hacia el tabaco y la nicotina, mucho más rentables y menos arriesgados que la cocaína gracias, irónicamente, a la regulación excesiva.
España, ciega ante la evidencia
Pese a tener estos datos sobre la mesa, el Ministerio de Sanidad de España parece decidido a seguir y tropezar con la misma piedra. La nueva Ley Antitabaco impulsada por la ministra Mónica García, pretende prohibir los aromatizantes en los vapeadores y equiparar los productos sin humo al tabaco convencional, es una invitación de alfombra roja al mercado negro.
La industria y los usuarios ya han advertido de lo obvio, es decir, que si se prohíbe lo que demanda el 87% de los usuarios adultos (los sabores), estos no dejarán de consumir. Simplemente, dejarán de comprar en estancos y tiendas reguladas para acudir al mercado negro e ilícito, donde existe poco o nulo control sanitario.
Es más, solo hay que mirar al último estudio de KPMG, en el que expone que el contrabando en España ya ha repuntado hasta los 1.400 millones de cigarrillos falsificados. Esta deriva ha abierto una grieta silenciosa dentro de la propia Administración: mientras Sanidad acelera con el prohibicionismo, Hacienda mira la medida con recelo.
Para el fisco, las cuentas son claras: el tabaco ilegal no tributa. Si España replica el error de sus vecinos, las arcas del Estado corren el riesgo de perder miles de millones de euros en recaudación fiscal, un agujero contable que Hacienda no está dispuesta a aprobar a la ligera. Si Sanidad persiste en su enfoque de “prohibir para proteger”, corre el riesgo de lograr lo contrario: desproteger al ciudadano, arruinar al comercio legal y regalarle al crimen organizado una cuota de mercado “y de ingresos” que jamás habría soñado conseguir por méritos propios.
