La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha mostrado su total rechazo a una posible reducción de puntos de venta y a cambios restrictivos en la edad mínima de acceso y venta, que se debaten a las puertas de la COP11 del Convenio Marco para el Control del Tabaco. La patronal advierte de que una contracción de la red minorista podría “alimentar el mercado ilícito” y provocar el cierre de estancos, especialmente en municipios pequeños, en un contexto en el que ya se registran incautaciones y casos de venta irregular.
El sector explica la dimensión económica de una red de más de 13.000 estancos (en su mayoría negocios familiares) y recuerda que las licencias pueden llegar a costar hasta 150.000 euros. A su juicio, limitar el número de licencias introduciría una disrupción “difícilmente reversible” en la distribución minorista, con impacto sobre la viabilidad de miles de puntos de venta.
Reducir licencias significa menos puntos de venta legales. Según la patronal, eso empujaría a parte de los compradores hacia los mercados ilegales, que en ciertas ciudades ya representan en torno al 20% del consumo. El resultado, advierten, sería menos impuestos y más riesgo de ventas a menores.
Destrucción empleo e impulso al mercado ilegal
El debate internacional de la COP11 que incluye, entre otras cosas a tratar, la posibilidad de establecer límites al número de licencias, revisar la edad mínima o implantar modelos de “restricción por generación” (prohibición de venta a quienes nazcan a partir de determinada fecha) anticipa una regulación aún más dura para un sector de por sí, bastante castigado.
La Unión Europea acude con una posición común más estricta, según han avanzado fuentes comunitarias, aunque cualquier decisión necesitará después un desarrollo legal a escala europea y, en su caso, la adaptación del ordenamiento español.
Otro de los ejes de la discusión pasa por la eliminación de las subvenciones al cultivo del tabaco, en línea con el artículo 17 del Convenio. El asunto afecta de lleno a Extremadura, que es la principal zona productora en España, en la que, este recorte no solo afectaría a su economía, sino también a miles de empleos, además de a la renta agraria.
Frente al enfoque del comercio, las organizaciones de salud pública y ambientales reclaman ir “más allá del marco actual” por el impacto sanitario y ambiental del tabaco y de los residuos asociados.
Las organizaciones piden subir impuestos, mejorar la trazabilidad y reforzar los controles, reducir la exposición de los menores y cortar la publicidad encubierta, también en internet. Además, que cualquier restricción solo funcionará si se aplica con tres medidas a la vez, ya que a más inteligencia aduanera en paquetería y puertos, más inspecciones en la distribución y una trazabilidad real del producto. Sin ese “triángulo”, advierten, crecerán las remesas baratas e ilegales.
