La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ultima la posición común que los Veintisiete llevarán a la COP11 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que se celebrará en Ginebra del 17 al 22 de noviembre de 2025. Sobre la mesa figuran medidas de “fin de juego” del tabaco; entre ellas, la reducción sustantiva de los puntos de venta, una línea coherente con el Plan Europeo contra el Cáncer, que aspira a una “generación libre de tabaco” (menos del 5% de consumo en 2040). Este movimiento ha inquietado a la industria española de máquinas expendedoras, concentrada en Navarra, que abastece a la mayor parte de países europeos.
Los defensores de la reducción de daños alegan que las alternativas sin combustión “no producen cáncer” y piden una regulación diferenciada para los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado. La OMS, en cambio, sostiene que todos estos productos con nicotina son perjudiciales y recomienda medidas estrictas aplicables al conjunto (límites a sabores, publicidad y usos), un enfoque que Bruselas encuadra en el Plan Europeo contra el Cáncer con el objetivo de una “generación libre de tabaco” en 2040.
España es un actor silencioso pero central en este nicho: Azkoyen, Jofemar y GM Vending, con sede en Navarra, han liderado históricamente la fabricación de expendedoras; el sector sitúa allí a los tres principales fabricantes mundiales, con más del 50% de su producción destinada a la exportación. Informaciones cifran en el 90% la cuota navarra del parque de máquinas instaladas en Europa. Por esto, cualquier recorte (y más de forma drástica) de puntos de venta impactaría en empleo, pedidos y posventa en la comunidad foral.
La COP11 no legisla en la UE, pero sí marca estándares y aprueba decisiones que orientan a los Estados. El procedimiento comunitario fija que el Consejo adopte una decisión formal con la posición de la Unión antes de cada COP; así ocurrió en la anterior (COP10) y previsiblemente se repetirá ahora. En paralelo, Bruselas viene enmarcando estas políticas en el Plan contra el Cáncer y en su objetivo de reducir la disponibilidad de productos de tabaco.
El sector está preocupado por la economía y los puestos de trabajo
La Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo (AEPVR) advierte de un “golpe” a pymes y empleo si se recortan licencias: “Nos preocupa la medida extrema de reducir los puntos de venta del tabaco. La mayoría somos pymes y la reducción tendrá un serio impacto en la viabilidad de nuestro negocio, poniendo en riesgo puestos de trabajo. El tabaco comprado en nuestras máquinas cumple la normativa europea; si se cierran puntos legales, la venta se trasladará al mercado ilegal, con caída de ingresos y más riesgos para el consumidor”, sostienen en un comunicado de prensa.
El Gremio de Estanqueros de Cataluña ha pedido a las instituciones “rechazar cualquier medida que ponga en peligro un modelo que garantiza control, trazabilidad y recaudación”. El colectivo se declara a favor de avanzar en salud pública, pero “no a costa de destruir el tejido económico ni de fomentar el mercado negro”. Subraya además el papel de los estancos como servicio de proximidad (pagos de recibos, retirada de efectivo en municipios sin oficina bancaria) y como barrera frente a la venta a menores.
La OMS viene empujando medidas de “endgame” desde limitar la oferta minorista a incrementar edades y endurecer empaquetado, con avances desiguales en Europa. Para la UE, la agenda encaja con la estrategia oncológica y con la protección de las políticas públicas frente a la interferencia de la industria del tabaco, un frente donde la sociedad civil ha reclamado más celo a la Comisión. El equilibrio entre salud pública y economía de proximidad será el eje del próximo pulso político.
La letra pequeña llegará cuando el Consejo apruebe la decisión que fijará la postura de la Unión para Ginebra y se conozcan las propuestas concretas que cobren tracción en las negociaciones. No hay, de momento, un texto comunitario que apunte específicamente a las máquinas expendedoras; la discusión se centra en puntos de venta y accesibilidad. El alcance final dependerá de la coordinación con los Estados y de la capacidad de consenso en la COP.
