El Gobierno se reúne este lunes con representantes del sector agroalimentario y pesquero para analizar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo y evaluar posibles medidas de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, iniciará la jornada con una reunión con el sector pesquero, en la que participarán representantes de la patronal Confederación Española de Pesca (Cepesca) y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP). Las patronal pesquera ya ha adelantado que reclamarán al Ejecutivo la adopción urgente de medidas compensatorias para evitar paradas en la actividad pesquera ante el incremento desorbitado de los costes de producción.
Entre sus principales demandas figura la puesta en marcha de mecanismos para reducir el coste del combustible de la flota, el incremento de los límites de ayudas estatales por buque, y no por empresa, y la posibilidad de suspender o reducir temporalmente el IVA aplicado a los productos pesqueros.
Tras ese primer encuentro, Planas participará junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una reunión con representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), así como con organizaciones del sector de fertilizantes y piensos.
La ronda de contactos continuará por la tarde en la sede del Ministerio de Agricultura, donde el titular del departamento se reunirá con las principales organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, además de representantes de Cooperativas Agroalimentarias.
Un plan económico frente a la crisis energética
Estas reuniones forman parte de la estrategia del Gobierno para diseñar un paquete de medidas que permita amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. El pasado jueves, el Ejecutivo ya mantuvo un encuentro de alto nivel con sindicatos y organizaciones empresariales para abordar posibles medidas de protección económica y social.
En esa reunión participaron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto con el ministro de Economía y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.
Tras ese encuentro, Carlos Cuerpo anunció que el Gobierno trabaja en un real decreto ley destinado a mitigar los efectos de la crisis, que incluiría medidas fiscales para contener los precios de la energía y ayudas específicas para dos de los sectores más expuestos al aumento de costes: el campo y el transporte por carretera.
No obstante, el Ejecutivo parece descartar por el momento la reintroducción de algunas medidas aplicadas durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, como la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de combustible o una nueva rebaja del IVA de los alimentos, aunque el Gobierno asegura que sigue evaluando todas las opciones.
Energía y transición ecológica como eje de la respuesta
Según explicó el ministro de Economía, el plan que prepara el Ejecutivo se articulará sobre cuatro pilares y combinará medidas estructurales con actuaciones fiscales para reducir el impacto de la crisis energética. Entre ellas, el impulso a las energías renovables, la electrificación y la transición ecológica, que el Gobierno considera un “seguro de vida” para reducir la dependencia energética y amortiguar futuras crisis geopolíticas.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo prevé aprobar medidas orientadas a minimizar el coste de la electricidad y la energía, con el objetivo de evitar que el encarecimiento de los insumos energéticos termine trasladándose a los precios finales de los alimentos y al conjunto de la economía.
El diseño definitivo del paquete dependerá, según el Gobierno, de cómo evolucione la situación internacional en las próximas semanas y del impacto real que la escalada de tensión en Oriente Próximo tenga sobre los mercados energéticos y las cadenas de suministro.
