España ha activado sus mecanismos de alerta y análisis estratégico ante el cambio en los métodos de las redes de contrabando de tabaco que operan en el Campo de Gibraltar. La utilización de vehículos aéreos no tripulados para el transporte de tabaco entre el Peñón y La Línea de la Concepción ha dejado de ser una anécdota para convertirse en un problema de seguridad aérea de primer orden. Hace dos fines de semana, la presencia de estos aparatos obligó a paralizar la actividad en el aeropuerto de Gibraltar, un incidente que ha acelerado la cooperación entre los cuerpos de seguridad, según la información adelantada por EuropaSur.
Aduanas admite que el fenómeno no es único, ya que se habían registrado casos “aunque esporádicos y a pequeña escala” en el pasado, pero aun así, si que reconoce que la intensidad y frecuencia de los últimos episodios ha modificado la percepción del riesgo.
Una amenaza para Gibraltar
El organismo dependiente de la Agencia Tributaria analiza actualmente el escenario para valorar estrategias conjuntas con otros organismos implicados en la seguridad del espacio aéreo. Así, el objetivo es atajar una amenaza que trasciende el fraude fiscal para impactar directamente en la seguridad de la navegación aérea civil y militar.
La Policía Nacional explica que las organizaciones criminales han adoptado esta tecnología por su eficiencia logística, pues su modus operandi consiste en cargar las aeronaves en suelo gibraltareño y enviarlas directamente al municipio linense.
Este sistema permite a los grupos delictivos sortear los controles físicos de la Verja y evitar las tradicionales rutas marítimas, donde antes se empleaban pequeñas embarcaciones o gomas. Los investigadores señalan que es un “método barato, eficaz y extremadamente difícil de rastrear”, dado que la identificación del piloto remoto resulta compleja.
De esta forma, el incidente del pasado fin de semana del 22 y 23 de noviembre muestras la gravedad de la situación, ya que en un lapso de pocos minutos se detectaron hasta siete avistamientos en el entorno inmediato de la pista. Esta saturación del espacio aéreo tuvo, como no, consecuencias operativas a las que se le tuvo que dar una respuesta inmediata.
Peligro del espacio aéreo
De hecho, un avión militar británico tuvo que mantenerse en espera y, tras seis avistamientos adicionales, el piloto del vuelo RRR1259, procedente de Northolt, tuvo que abortar la maniobra para finalmente aterrizar en Faro (Portugal). El bloqueo afectó también a la aviación comercial, reteniendo en tierra un vuelo de Easyjet con destino a Manchester hasta que las fuerzas militares garantizaron la seguridad del perímetro, pasadas las diez de la noche.
El Gobierno de Gibraltar ha elevado este problema a la esfera diplomática, donde el ministro de Medio Ambiente y Educación, John Cortés, trasladó esta semana en Londres la preocupación del Ejecutivo del Peñón al secretario de Estado del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Lord Coaker.
A pesar de que las autoridades gibraltareñas no han explicado las medidas, la legislación local ya tipifica como delito pilotar drones sin permiso de Aviación Civil. La sospecha de las autoridades llanitas es que estas aeronaves están vinculadas a redes que operan desde el lado español, donde la sofisticación técnica de los aparatos de largo alcance ha aumentado notablemente.
No estamos ante un hecho aislado
El contexto en el que se produce este repunte del uso de drones no es baladí, pues la Guardia Civil desarticuló este mismo mes de noviembre una organización que utilizaba drones de ala fija para transportar hachís a través del Estrecho, en una operación coordinada con la Gendarmería Real de Marruecos y Europol.
Aquella operación se saldó con nueve detenidos y la incautación de 18 aparatos, evidenciando que las mafias cuentan con personal altamente cualificado (en aquel caso, ciudadanos de Europa del Este con experiencia en zonas de conflicto) para adaptar y manipular estas tecnologías.
La preocupación por la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante los drones no es exclusiva del sur de la Península. El Reino Unido anunció el pasado mes de octubre, a través de su secretario de Defensa, John Healey, nuevas facultades para que los militares puedan derribar drones que se aproximen a bases en territorio británico.
Estas medidas se incluirán en el próximo Armed Forces Bill, en un momento en que varios países europeos han sufrido interrupciones similares, a menudo rodeadas de especulaciones sobre posibles interferencias extranjeras.
