La juez del caso ‘Plus Ultra’ medita llamar a declarar a tres altos cargos de la SEPI

El rescate que el Gobierno de España aprobó a la compañía aérea Plus Ultra continúa siendo investigado. La magistrada que se encuentra al frente de este procedimiento penal, Esperanza Collazos, está sopesando citar a declarar a los tres altos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como son José Ángel Partearroyo, Caridad de Andrés y Javier Loriente. Se trata de los responsables que se ocuparon de examinar la documentación que envió la propia aerolínea una vez finalizó el peritaje para obtener ayudas por valor de 53 millones de euros.

Dicho rescate a Plus Ultra, que se aprobó hace unos meses por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, se defendió asegurando que “se trata de una empresa estratégica por los migrantes latinoamericanos que viven en España”. En la actualidad, dicha ‘empresa estratégica’ tan solo cuenta con tres aviones en funcionamiento.

Esta decisión por parte de la juez llega tras la petición del grupo político VOX que solicitó que declarasen los máximo responsables del SEPI. Para VOX es determinante en la autorización del paquete de ayudas a la compañía. La formación que lidera Abascal pidió en dos ocasiones la comparecencia de los tres testigos, asegurando que fueron los responsables técnicos que definieron las subsanaciones necesarias en el expediente para la aprobación de estas ayudas.

Hay que recordar que Plus Ultra opera solo un 0,3% de los vuelos en España y ha registrado números rojos desde su fundación en 2011. Además, esta empresa a la que el Gobierno considera estratégica, acumula pérdidas de diez millones de euros. 

A la espera del peritaje

A día de hoy, el juzgado continúa a la espera de que la compañía latinoamericana Plus Ultra remita los motivos que les justifiquen la necesidad de adquirir un préstamo de 34 millones de euros y completar así los 53 millones que aprobó el Gobierno. Según indicó la instructora de la causa, la empresa dispone de un plazo de cinco días para enviar las razones por las que debe obtener este préstamo, todo ello tras haber sido suspendida la segunda inversión de manera cautelar. 

La defensa de la compañía adelantó que esta paralización de los pagos podría suponer “una dramática situación financiera” para la empresa. Además, también aseguró que, en caso de no ejecutar el pago, peligraría el cumplimiento de devolución de los 19 millones de euros que ya se invirtieron por parte del Gobierno.