El Parlamento andaluz aprobó la semana pasada la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) que, en palabras del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, “da estabilidad al sistema universitario andaluz, especialmente al sistema universitario público”. Los objetivos, además de estabilizar la carrera académica, son promocionar la internacionalización y apostar por la formación continua, tal y como informó la Junta de Andalucía.
Entre las medidas más destacadas, y que afecta de lleno a los futuros estudiantes, es la obligación de acreditar un nivel B2 de un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario. Un requisito que también se ha establecido para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor.
Los estudiantes que ya han empezado el curso, así como los más próximos, deben de estar tranquilos. Y es que esta nueva obligación entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2029 y, como explicaron el pasado año, “no afectará a nadie que se encuentre matriculado en el momento de aprobación de la ley”. Esto es, que no se aplicará a los estudiantes que hayan iniciado sus estudios universitarios antes de la aprobación de esta ley.
Otras medidas de la nueva ley universitaria andaluza
La nueva Ley Universitaria para Andalucía sustituye al marco legal que databa de 2013 y, tal y como ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, “amplía los derechos reconocidos hasta ahora a los alumnos”. Estos derechos son el reconocimiento de la bonificación de las matrículas, la desconexión digital y la suspensión temporal de los estudios.
Asimismo, se recoge la necesidad de “fomentar el acceso a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las instituciones académicas”. En cuanto a la internacionalización, incluye “la promoción de programas para la movilidad del estudiantado con el fin de mejorar su formación integral y el conocimiento del entorno social, cultural y académico autonómico, estatal e internacional, dando prioridad a la cobertura del Erasmus+”.
En lo que respecta al profesorado, se han fijado medidas para “asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes”.
Del mismo modo, para “favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado”, el documento incorpora diversas medidas como la limitación del “uso indebido” de la figura de profesor sustituto interino. Otra medida importante es que se profundiza en el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales, ya que la Junta tendrá en cuenta por primera vez estas titulaciones en los concursos que realice.
Pasando al modelo universitario, se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, “respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores”.
En el ámbito de la gestión, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios; se refuerzan las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos; se garantiza su financiación a través del modelo de financiación; y se incluyen mayores exigencias de transparencia y objetividad en sus actividades y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.
También se va a crear el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. En último lugar, la ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de “reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público”. Entre estas exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una “trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior”.
Los rectores y los representantes de estudiantes, en contra
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), al igual que la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) (que representa las preocupaciones de los rectores), denunció que el texto aprobado difiere del borrador previamente consensuado y pone en riesgo la autonomía universitaria.
En un comunicado, la CREUP manifestó que la norma incorpora mecanismos de intervención e injerencia de la administración autonómica en ámbitos propios de la gobernanza universitaria, “afectando a la organización interna, la gestión del personal y la toma de decisiones, siendo especialmente preocupante la figura del interventor o la necesaria aprobación por parte de la consejería de la Relación de Puestos de Trabajo”. Estas disposiciones denunciaron que contravienen el principio de autonomía universitaria reconocido constitucionalmente.
Asimismo, criticaron que la Ley de Universidades de Andalucía no establece garantías suficientes de financiación pública y estable para las universidades públicas. “En un contexto de infrafinanciación estructural, reiteradamente denunciado por las propias universidades andaluzas, la norma que hoy se aprueba no corrige esta situación ni ofrece compromisos claros, comprometiendo las condiciones en las que el estudiantado desarrolla su formación, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios universitarios”.
En último lugar, advirtieron de que las consecuencias de este modelo “recaerán directamente” sobre el estudiantado y “profundizarán las desigualdades en el acceso y la permanencia en la educación superior”.