El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha advertido de que no deflactar el IRPF (no ajustarlo a la subida de precios) y la falta de actualización de los mínimos personales y familiares en el actual contexto inflacionista están elevando la carga fiscal. Según sus cálculos, los contribuyentes pagarán entre 350 y 760 euros más por no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026.
Durante la presentación del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, los expertos, según recogen desde Europa Press, señalaron que este incremento se produce en un escenario de subida de precios cercana al 18,10%, lo que impacta directamente en la tributación sin que exista un aumento real de la renta. Además, alertaron de que la diversidad normativa en el IRPF es cada vez mayor.
El estudio también refleja importantes diferencias entre territorios, tanto en el IRPF como en otros impuestos. En algunos casos, los tipos marginales superan el 50%, mientras que en tributos como Sucesiones y Donaciones las diferencias pueden alcanzar hasta 100.000 o 200.000 euros según la comunidad autónoma.
Crecen las diferencias fiscales entre comunidades
El REAF advierte de que la tarifa estatal del IRPF se sitúa entre el 9,5% y el 24,5%, aunque ninguna comunidad autónoma aplica exactamente estos tramos. De hecho, existen territorios con tipos marginales agregados superiores al 50%, como la Comunidad Valenciana (54%), Navarra (52%) o La Rioja (51,5%).
Estas diferencias también se trasladan al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así, un contribuyente puede pagar hasta 100.000 euros más en Asturias que en otras regiones por una herencia de 800.000 euros, mientras que en donaciones la diferencia puede alcanzar los 200.000 euros en Extremadura.
Los economistas reclaman una reforma “urgente”
Ante esta situación, el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, advirtió de que “la vorágine normativa de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos genera desigualdades” entre ciudadanos en función de su lugar de residencia.
Por su parte, el presidente del REAF, Agustín Fernández, criticó el uso recurrente de los reales decretos-ley en materia fiscal, al considerar que “genera incertidumbre e inseguridad jurídica” y dificulta la planificación económica tanto de empresas como de ciudadanos.