La Ley 39/2006 establece claramente un plazo de 6 meses para resolver el expediente y conceder la ayuda de dependencia. Un plazo que, aun innegable, se está vulnerando sistemáticamente en toda España. Luis Ortiga, a través de su experiencia personal, ha querido poner rostro a esta problemática. Humanizarla. Porque detrás de cada retraso se esconde una persona vulnerable que verdaderamente la necesita. Su suegra, de 93 años, murió esperándola.
El caso ocurrió en Cataluña (aunque el problema no es único de esta comunidad autónoma). En octubre de 2024, presentaron la solicitud para recibir la ayuda de dependencia. No fue hasta abril de 2025 (cuando había pasado ya 7 meses), cuando les notificaron la resolución del grado (en su caso, Grado I) y llegó el reconocimiento.
En ese momento ya se había incumplido el plazo legal máximo de 6 meses que marca la ley para todo el proceso, cuando apenas habían completado el primer paso. Fue en noviembre (ya llevaban 13 meses), cuando recibieron la visita para el Plan Individual de Atención (PIA) por parte de Servicios Sociales, mediante el que se determina qué tipo de ayuda corresponde.
Este enero de 2026, un año y 4 meses después desde que presentaron la solicitud, llegó, por fin, la resolución final del PIA, la carta definitiva en la que se le aprobaba a su suegra una prestación económica de 180 euros mensuales con carácter retroactivo. Una ayuda que nunca pudo percibir en vida, falleciendo al día siguiente de esta resolución.
“Esta es la triste realidad de nuestros abuelos y abuelas y de sus familias. Esta es la realidad de la situación de la dependencia”, denuncia frustrado. “Ante esta situación caótica, los responsables estarían despedidos en cualquier empresa privada. Sin embargo, nuestros “representantes” políticos tienen la desvergüenza y nula dignidad en mantenerse en su puesto. Me refiero al Ministro y también a los responsables en las Comunidades Autónomas que incumplen plazos”, lamenta para ‘NoticiasTrabajo’, en una crítica que, realmente, es compartida por todos aquellas que la solicitan.
“Que sirva de denuncia y a ver si puede servir para que se hagan acciones, para que esto mejore”, es su esperanza.
Nuevo expediente tras el fallecimiento: no cobrarán la ayuda hasta finales de 2026
El infierno burocrático no acabó con la resolución de la ayuda. Desde la Administración, le comunicaron que tardarían alrededor de 4 meses en cobrar la cuantía retroactiva de la ayuda. Cuando la familia de Luis comunicó el fallecimiento, llegó otro ‘varapalo’: el plazo en ese caso se alargaba más y se iba hasta finales de 2026. El motivo es que, al fallecer el titular, el expediente se cierra por defunción y se abre un expediente administrativo nuevo de pago a terceros (herederos).
Aun así, Luis afirma que tuvieron “suerte”, porque al menos se había resuelto el expediente. Sin esa resolución, si su suegra hubiera fallecido antes, aun con la visita del PIA realizada, no hubieran recibido nada. Así se marca en el procedimiento.
Un proceso en el que, aclara, el trato de los funcionarios que lo atendieron fue “exquisito”, exponiendo que son solo una víctima más de este problema estructural. De hecho, ellos mismos le avisaron de que “había un colapso y no se cumplían los plazos” desde el primer momento en que solicitaron la ayuda.
“Honestamente que ves que sufren al no poderte dar una respuesta”
Pese a ello, no quita “la angustia” que sufrieron durante tantos meses. “Mi suegra era plenamente consciente que su pensión mensual, su viudedad, no daba para pagar a la señora que la cuidaba, con lo cual se le iba comiendo los pocos ahorros que pudiera tener. Lo vivía con angustia”, cuenta Luis, explicando que si ya de por sí cuesta aceptar que necesitas ayuda a un tercero, la presión económica lo hace todavía más difícil.
Desconexión irracional entre discapacidad y dependencia
La familia de Luis también solicitó el reconocimiento de discapacidad para su suegra. Otro proceso lento. En este, siendo el plazo legal también de 6 meses, se tiraron 23 meses. En la resolución, se recogía expresamente que la solicitante necesitaba de atención para los quehaceres del día a día y que tenía una reducción en la movilidad. Pese a ello, solo le reconocieron el grado I.
Teniendo en cuenta el grado de discapacidad que habían reconocido previamente a su suegra (un 65%), su familia quedó muy sorprendida, hasta que los funcionarios le explicaron que los niveles de cálculo para la discapacidad y los de dependencia son totalmente diferentes y no están relacionados.
“Me parece absurdo”, denuncia, explicando que, a día de hoy, por ejemplo, es posible tener un grado moderado en dependencia y uno severo en discapacidad. “Al final son dos ayudas que están muy relacionadas entre sí, que normalmente muchas familias solicitan y reciben las dos”.
Acortar las listas de espera también es feminismo
Así lo defiende Luis Ortiga, explicando que las principales personas que sufren este problema de la dependencia son precisamente las mujeres, “de entrada porque tienen mayor esperanza de vida y después porque, lamentablemente, por la edad, en aquel momento muchas mujeres no trabajaban o habían trabajado poco tiempo, con lo cual están cobrando pensiones de viudedad a veces ridículas o que son el mínimo”.
El mensaje de Luis es claro: “están incumpliendo con aquellas personas más vulnerables, con aquellos que ya no pueden hacer nada, que tienen una edad elevada, que están sufriendo problemas físicos o cognitivos y tienen recursos muy limitados”. No le falta razón: 32.704 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en 2025, según el último Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. Este 2026, con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, a principio de año había ya 258.167 personas esperándola.
Buscando culpables
Luis asegura que la responsabilidad es tanto del Gobierno central, concretamente del Ministerio de Derechos Sociales, como de las comunidades autónomas: “Cuando hay dos entidades que tienen responsabilidad, ya estás muerto”. Para abordar esta cuestión, ‘NoticiasTrabajo’ ha contactado con el abogado José Luis Sanz López, experto en la materia. Al ser consultado sobre si el cuello de botella se encuentra en la valoración inicial o en el PIA, el letrado es claro:
“El problema no reside únicamente en la demora en la valoración del grado de dependencia, aunque esta exista. La cuestión más estructural se encuentra en la fase de aprobación del Programa Individual de Atención. Porque en este momento es cuando el derecho reconocido adquiere contenido económico y asistencial efectivo; se concreta la prestación adecuada; y se activa realmente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.
Al igual que Luis, coincide en que este panorama de larga espera en obtener una resolución por parte de la Administración “impacta de forma negativa en familias de tipo vulnerables, especialmente en aquellas familias con menores con discapacidad, cuidadores no profesionales y personas en situación de exclusión social”. Asimismo, también considera que exige “una respuesta de tipo institucional” porque, “sin PIA, el reconocimiento del grado es en la práctica un derecho sin eficacia real, es ahí donde se constata la insuficiencia presupuestaria, la falta de medios humanos y una sobrecarga de trabajo”.
¿Ineficacia o trasfondo presupuestario para contener el gasto?
“En el momento presente confluyen ambas dimensiones; por un lado existe una clara falta de personal técnico en los servicios sociales municipales, se ha incrementado las solicitudes de dependencia por envejecimiento poblacional y existe una coordinación deficiente entre administraciones. Y, por otro lado, el PIA y su implementación, implica un gasto real e inmediato”, considera Sanz López desde su experiencia.
¿Por qué en algunas comunidades puede tardar más que en otras?
Según explica José Luis Sanz, las diferencias de plazos entre Comunidades Autónomas responden a la “diferente dotación presupuestaria, priorización, digitalización y en definitiva mejor o peor organización administrativa”.
Este abogado recuerda que garantizar unos cuidados adecuados es “una cuestión de Derechos Humanos”, subrayando que históricamente han sido las familias, “y en especial las mujeres”, quienes han asumido este “apoyo informal”. En este sentido, defiende que la atención en el domicilio es la opción que mejor respeta el “principio de autonomía de la persona dependiente”, ya que la inmensa mayoría desea envejecer en su propia casa.
Sin embargo, advierte de forma tajante que esta preferencia personal no puede servir de pretexto para que las Administraciones Públicas limiten los recursos, sino que deben incrementarse las medidas de apoyo económico y asistencial para poder sostener esa autonomía real. De nuevo, Sanz reitera que “el gran colapso del sistema” se evidencia en los dramáticos retrasos para aprobar el Programa Individual de Atención, provocando que frecuentemente “la persona dependiente fallece, sin obtener respuesta, por parte de la administración”.
Para revertir esta situación, Sanz López explica que las autonomías que funcionan “medianamente bien” aplican medidas de agilización, como autorizar a los técnicos a consultar directamente los informes médicos y sociales sin obligar a la familia a aportarlos. Además, recalca la necesidad vital de priorizar los expedientes más críticos, dando paso inmediato a pacientes en cuidados paliativos, enfermos de esclerosis lateral amiotrófica o personas en extrema vulnerabilidad, prestando especial atención a la primera infancia y a los mayores de noventa años.
“El retraso en dependencia afecta a un sector poblacional que no genera el impacto mediático de otras crisis porque afecta principalmente a familias vulnerables”
Sobre si, actualmente, se está hablando lo suficiente de este tema, José Luis Sanz responde que “no se está tratando con la intensidad que merece”. ¿Por qué? “El retraso en dependencia afecta a un sector poblacional que no genera el impacto mediático de otras crisis porque afecta principalmente a familias vulnerables, dentro de su ámbito familiar”.
No obstante, añade que cada vez más se empieza a hablar dentro del ámbito social de Cuidados de Larga Duración (CLD), “desde una óptica del modelo profesionalizado en superación del modelo familiar, debido a los nuevos modelos de familia, el aumento del acceso a la mujer al trabajo remunerado y de la longevidad y del envejecimiento de la población”, que “hace que aparezcan nuevas enfermedades, algunas de ellas fuertemente incapacitantes”.
Así, ve un rayo esperanza, creyendo que la agendas políticas, cada vez más, tienen en cuenta los cuidados y necesidades de las personas en situación de dependencia, algo que tacha de “totalmente positivo”: “soy de la opinión que una sociedad que no cuida a sus mayores en situación de dependencia o a sus ciudadanos en situación de discapacidad, es claramente una sociedad enferma”.