La escalada del conflicto en Oriente Medio tras los bombardeos aéreos lanzados por Israel y Estados Unidos sobre Irán el pasado 28 de febrero ha incrementado la tensión en la región y ha extendido la preocupación por la respuesta de éste contra otros países árabes del Golfo, aliados de EEUU y con bases militares en sus territorios. Este es el caso de Emiratos Árabes Unidos donde viven miles de españoles que están atemorizados por el intercambio de misiles y las consecuencias sobre la población civil.
Entre los afectados se encuentran más de 300.000 españoles que residen en países de Oriente Medio, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. De estos, miles se encuentran en Dubái ya sea trabajando, por turismo, empresarios o creadores de contenido que en los últimos años han trasladado su residencia fiscal a la capital. Muchos de estos influencers españoles, han manifestado su preocupación en redes sociales y el debate se ha encendido: si no pagan impuestos en España, ¿debe el Estado ayudarles en caso de crisis?
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La protección consular no depende de dónde pagues impuestos
La normativa española no especifica nada sobre la vinculación de la asistencia en el extranjero al pago de impuestos en España, sino que la clave jurídica del conflicto recae en la nacionalidad.
El artículo 42 de la Constitución Española establece que el Estado garantizará los derechos de los españoles en el extranjero. Esta previsión se desarrolla en la Ley 2/2014, de Acción y del Servicio Exterior del Estado, que atribuye al Servicio Exterior la función de proteger y asistir a los ciudadanos españoles fuera del territorio nacional.
Además, la Orden AUC/154/2022 regula las ayudas de protección y asistencia consulares y especifica que estas pueden prestarse a ciudadanos españoles en el extranjero, sean residentes o no. En ningún caso se condiciona esta protección a la residencia fiscal o al pago de impuestos en España. Esto significa que:
- Tener residencia fiscal en Madrid o en Dubái, no implica perder la condición de ciudadano español.
- No tributar en España no elimina el derecho a recibir protección consular.
- La asistencia no es una ayuda social condicionada a ingresos, sino que se trata de un derecho vinculado a la ciudadanía.
Un marco también internacional y europeo
La protección consular no solo se fundamenta en la legislación española. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) establece el marco internacional que regula la asistencia a nacionales en el extranjero.
En el ámbito europeo, el Real Decreto 561/2019 desarrolla el derecho de los ciudadanos españoles, y también de los ciudadanos de la Unión Europea, a recibir protección consular, incluso a través de otros Estados miembros cuando no exista representación diplomática propia.
España, por tanto, actúa dentro de un sistema jurídico nacional, europeo e internacional que reconoce la protección consular como un derecho ligado a la nacionalidad.
¿Qué tipo de ayuda puede prestar el Estado?
Conviene diferenciar entre situaciones. Si un ciudadano decide regresar voluntariamente, debe asumir el coste de su viaje. Comprar un billete no es una repatriación oficial.
Sin embargo, en contextos de conflicto armado, cierre del espacio aéreo o riesgo grave para la seguridad, el Ministerio de Asuntos Exteriores puede coordinar evacuaciones colectivas o facilitar la salida segura de los nacionales.
Estas actuaciones forman parte de la acción exterior del Estado y, en caso de activarse, se financian con fondos públicos.
¿Se paga con impuestos?
Sí, la protección consular se paga con dinero público, a través de los Presupuestos Generales del Estado, al igual que las embajadas y consulados, la asistencia a españoles detenidos en el extranjero, las evacuaciones desde Ucrania o Afganistán y la atención en catástrofes naturales.
El sistema no funciona como un seguro privado ligado a haber pagado IRPF ese año. Funciona por nacionalidad y es un derecho de todos los ciudadanos españoles.
Vivir en Dubái sin IRPF: ¿es legal?
Emiratos Árabes Unidos no aplica impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por eso muchos contribuyentes trasladan allí su residencia fiscal.
El cambio de residencia es legal si se cumplen los requisitos que marca la normativa española: pasar más de 183 días fuera de España, no mantener aquí el centro principal de intereses económicos y acreditar la residencia efectiva en el nuevo país.
Evadir impuestos sería otra cosa distinta y sería sancionado. Pero cambiar de residencia fiscal, si se hace conforme a la ley, no supone perder derechos como ciudadano.
El debate real no es jurídico, es moral
La ley es clara: el Estado no puede distinguir entre ciudadanos según dónde paguen impuestos a la hora de prestar asistencia consular.
Sin embargo, parte de la opinión pública cuestiona la coherencia de trasladar la residencia a un país con menor presión fiscal y, en caso de crisis, recurrir a los servicios financiados por el conjunto de contribuyentes.
La discusión, por tanto, no está en la legalidad, sino en el terreno político y moral.