La Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se celebrará en Ginebra del 17 al 22 de noviembre de 2025 y, sobre la mesa, se han puesto varios documentos que empujan a reducir la disponibilidad de tabaco en el canal minorista. Entre estos se encuentra limitar la densidad de puntos de venta, prohibir los incentivos comerciales a detallistas y retirar del mercado los cigarrillos con filtro por su impacto ambiental. Para España, donde la venta al por menor se articula a través de una red de estancos con licencia estatal, el paquete supone un varapalo directo, pues puede suponer cierres, pérdida de empleo y menores ingresos fiscales si se recorta la capilaridad de la red.
La Unión Europea acude a la COP “con una sola voz” tras fijar una posición común y esto será lo que marque el alcance real de cualquier compromiso. Por eso conviene subrayar que lo que se acuerde en Ginebra no modifica por sí solo la legislación española, ya que harían falta decisiones posteriores en la UE y, en su caso, cambios normativos internos.
Una norma que afecta a los estancos
España cuenta con una red próxima de 13.000 estancos, explotados en régimen concesional y sometidos a control del Estado. Para abrir uno de estos negocios, entre la multitud de licencias y permisos hay que obtener la licencia para la venta (ya sea vía subasta o traspaso) la cual tiene un coste aproximado entre los 100.000 a 150.000 euros, en función de la ubicación y del local. El sector recuerda que se trata en su mayoría de negocios familiares y que una reducción administrativa de la red depreciaría esas inversiones y pondría en riesgo plantillas y viabilidad, especialmente en zonas rurales.
¿Qué implican, en la práctica, las medidas en discusión? La reducción de puntos de venta persigue bajar la accesibilidad física al tabaco, es decir, menos estancos por zona o límites por habitantes y distancias a centros sensibles. La prohibición de incentivos cortaría bonificaciones y apoyos comerciales que hoy ayudan a sostener márgenes en un negocio de precios intervenidos. Y la retirada de filtros (planteada desde un ángulo ambiental) empujaría a los fumadores hacia cigarrillos sin filtro, con dudas en el ámbito sanitario y complicaciones regulatorias añadidas.
En este sentido, los estanqueros advierten de un triple efecto perjudicial. Por un lado, el empleo (plantillas y autoempleo), seguido de recaudación (especialmente por impuestos especiales y terminando por el canon del mercado de tabacos) y aumento del comercio ilícito si desaparece la red legal de venta verificada. Explican, además, su función de control (verificación de edad y trazabilidad) y alertan de que cualquier debilitamiento del canal regulado favorecería a los circuitos ilegales.
Consenso contra mayoría cualificada
El pulso no es solo sanitario o económico; pues también es procedimental. En las semanas previas, Bruselas ha reabierto el debate sobre si la posición común para estas cumbres debe acordarse por consenso o si basta con mayoría cualificada. Para España, la diferencia es sustantiva, pues el consenso protege el margen nacional; la mayoría cualificada podría arrastrar a Estados reticentes hacia posiciones más duras sin debate parlamentario suficiente.
La transparencia vuelve a estar en cuestión. La COP celebra parte de sus sesiones a puerta cerrada y los documentos detallados suelen publicarse una vez adoptadas las decisiones. Hasta entonces, el seguimiento depende de agendas, borradores y comunicados. En el calendario inmediato, el Consejo de la UE debe cerrar su mandato y, después, la delegación europea defenderá esa línea en Ginebra.