China llega a la COP11 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (FCTC) con cifras que avergüenzan a cualquier autoridad sanitaria, pues más de 300 millones de fumadores y alrededor de un millón de muertes anuales atribuibles al tabaco, mientras su industria estatal mantiene una influencia estructural en la regulación doméstica. A la vez, Europa (y España en particular) reportan un aumento de decomisos de cigarrillos electrónicos ilegales, con origen mayoritario en cadenas de suministro chinas. La cumbre (del 17 al 22 de noviembre en Ginebra) mide no solo la ambición del tratado, sino también su capacidad para gestionar conflictos de interés de un actor clave.
El Estado chino ocupa “los dos lados de la mesa”, pues es parte del FCTC y, al mismo tiempo, propietario del mayor conglomerado del sector, la China National Tobacco Corporation (CNTC), bajo el paraguas de la State Tobacco Monopoly Administration (STMA). La literatura académica documenta que la STMA controla “todos los aspectos” del mercado, un diseño difícilmente compatible con el artículo 5.3 del FCTC, que exige proteger las políticas públicas de la interferencia de la industria.
El epicentro industrial del vapeo
Los organismos de referencia describen en China un cuadro de advertencias sanitarias poco visibles, fiscalidad baja y cumplimiento irregular de entornos sin humo, factores que frenan la reducción del consumo. El saldo humano sigue siendo descomunal en un país que concentra casi un tercio de los fumadores del planeta.
China es la fábrica global del sector: distintas fuentes sitúan en torno al 90% su cuota de producción de hardware de vapeo, con epicentro en Shenzhen. Ese músculo manufacturero alimenta, además del mercado legal, circuitos ilícitos que eluden controles sanitarios y fiscales en terceros países.
Europa endurece reglas… y aflora el mercado negro
La UE y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han incorporado el comercio ilegal de e-cigarrillos a su radar prioritario. La agencia europea señala incautaciones y la aparición de unidades de producción no autorizadas en varios Estados miembros, y promete más cooperación aduanera.
En paralelo, España registra operaciones frecuentes, ya que en Sevilla, la Guardia Civil intervino 171.407 dispositivos en 2024; este año se han desmantelado puntos de venta con más de 55.000 unidades caducadas o sin etiquetado.
El Reino Unido vetó desde el 1 de junio de 2025 los vapes de un solo uso, con un despliegue sancionador que busca contener la venta a menores y la basura electrónica, aunque persisten dudas sobre la eficacia sin refuerzo aduanero.
Francia aprobó también la prohibición de los desechables a comienzos de año. Estos movimientos, celebrados por parte del movimiento antitabaco, conviven con advertencias sobre el riesgo de desviar la demanda a canales ilegales si no se acompasan con controles de frontera y vigilancia online.
Las aduanas y la FDA han ejecutado en 2024-2025 las mayores operaciones contra e-cigarrillos no autorizados, con millones de unidades intervenidas y valoraciones superiores a 80 millones de dólares; la mayoría de los envíos partían de China. Los casos ilustran la escala logística del fenómeno y su capacidad para reorientar rutas hacia mercados europeos cuando se estrecha el cerco en EE UU.
Qué está en juego en la COP11
La cita de Ginebra no solo abordará fiscalidad mínima, comercio ilícito y publicidad encubierta; también el encaje de los nuevos productos de nicotina. La OMS mantiene una postura de máxima precaución ante el vapeo, mientras informes influyentes en Reino Unido (Public Health England y el Royal College of Physicians) sitúan a los e-cigarrillos como sustancialmente menos dañinos que el tabaco combustible, con potencial en cesación, siempre con regulación estricta y alejados de menores. El desacople entre enfoques regulatorios dificulta consensos y deja margen a que actores reticentes (China entre ellos) ralenticen avances.
El refuerzo normativo que prepara el Gobierno y el empuje sancionador autonómico necesitan acompañarse de tres frentes: inteligencia aduanera sobre paquetería y puertos, inspecciones en cadenas de distribución y trazabilidad real del producto. Las cifras de decomisos y el foco de OLAF anticipan que, sin ese triángulo, el vacío lo ocuparán remesas baratas y no conformes.