Isabel Díaz Ayuso da una nueva vuelta de tuerca a su apuesta por la fiscalidad ‘amable’. Si el gobierno autonómico de la autonomía madrileña inauguró la oleada de rebajas fiscales que luego han replicado otras autonomías como el PP de Juanma Moreno en Andalucía o el de populares y Vox en la Comunidad Valenciana, ahora anuncia una rebaja fiscal para familias y negocios con más de 50 años de antigüedad.
En su investidura para continuar siendo la presidenta autonómica, Ayuso adelantó que se verán afectados impuestos como el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentales (AJD), gestionados por la propia autonomía, y a otras como el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de plusvalía o el impuesto de actividades económicas (IAE), de carácter municipal. Por ello, deberá obtenerse previamente la luz verde de los ayuntamientos.
Una medida que se une a su bonificación, pionera, del 100% en el IRPF, junto a la ampliación hasta el 25% de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos y la primera deflactación del IRPF. Además, la Comunidad de Madrid es la única que no posee ningún gravamen autonómico propio.
Rebajas en el impuesto de la plusvalía
Para la globalidad de los contribuyentes, Ayuso anunció que solicitará a las 179 localidades de la región madrileña un descuento sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como el impuesto a la plusvalía. Este grava la revalorización —si la hubiere— de terrenos urbanos que hayan sido transmitidos por donación o herencia y cuyo cálculo cambió este año tras la intervención del Tribunal Constitucional, que lo declaró ilegal.
Desde el equipo de gobierno madrileño no se han realizado estimaciones del déficit de ingresos que supondrán para las arcas municipales y autonómicas. Sin embargo, catalogan con más prioridad la dinamización del consumo y la inversión.
Rebajas a los comercios con más de 50 años de antigüedad
El plan empresarial que desplegarán Ayuso y su equipo de gobierno en la nueva legislatura cuenta con rebajas de hasta el 95% del IBI, del IAE y del ICIO (Construcciones, Instalaciones y Obras), así como de las tasas que abonen por sus actividades las más de 1.500 empresas con más de 50 años de solera. “Un gesto por tratarse de una seña de identidad regional”, explica el Ejecutivo madrileño.
En el plan regional, la bonificación del 95% afectará a ITP y AJD. Además, también habrá medidas específicas a “eliminar cualquier tipo de regulación que entorpezca la labor de estos profesionales”. En este sentido, sustituirá las licencias urbanísticas para “todos los negocios de hostelería y restauración” por una declaración responsable. Este grupo de establecimientos contará, además, con prioridad a la hora de recibir concesiones y subvenciones para su modernización e innovación.
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