La Justicia ha condenado al propietario de una vivienda a pagar 15.000 euros de multa a sus inquilinos por daños y perjuicios. El motivo ha sido el desalojo antes de tiempo, ya que tenían un contrato de alquiler en vigor. Y el motivo que dio el dueño de la casa es que su hija, ya mayor de edad, quería mudarse a vivir allí.
La familia alquilada, compuesta por siete miembros, pudo demostrar que la hija del propietario acudía a la vivienda a alojarse “sólo de vez en cuando” como ha explicado el periódico irlandés Independent. La vivienda era de cuatro habitaciones y estaba situada en Termon (Letterkenny). La madre, Claire Friel, explicó que ella, su pareja y sus hijos habían estado residiendo allí de manera ininterrumpida desde 2015.
En la Audiencia celebrada ante el Tribunal de la Junta de Arrendamientos Residenciales (RTB), Frield dijo que durante el tiempo en que duró el alquiler encontraron “algunos problemas”. Poco tiempo antes, ya había puesto una denuncia a su casero por el pago excesivo de impuestos.
La Justicia en aquella ocasión, le dio la razón y el propietario de la vivienda tuvo que indemnizar con 3.400 euros a la familia.
Recibieron una notificación de desalojo a la que no hicieron caso
El propietario de la vivienda envió una notificación de desalojo a la familia, a la que estos no hicieron caso. Llegó en 2022, y pocos días después el Gobierno reafirmó la negativa de los inquilinos, prohibiendo al casero que echase a los inquilinos alargando su estancia durante 5 meses.
Luego, el dueño de la casa volvió a insistir, y en esta ocasión explicó que quería la vivienda para que su hija se mudase allí, ya que necesitaba un sitio donde vivir. Daba de plazo hasta el 12 de mayo para que quedase vacía.
Entonces. el propietario adoptó un comportamiento “intimidatorio” y empezó a actuar de forma rara, como explicó la madre de familia en su declaración. Llegó incluso a “bloquear la carretera con su coche, llamar por teléfono y colgar y amenazarnos con tomar medidas legales”.
La situación para ellos empezaba a ser complicada. Porque, por un lado, estaban bastante molestos con la actitud del propietario de la vivienda y por el otro, no encontraban una casa parecida, con la misma capacidad y a un buen precio.
Pidieron ayuda al Ayuntamiento pero no consiguieron nada, y en el mes de noviembre de 2023 se marcharon de la vivienda después de comprar dos casas móviles por 35.000 euros. Se quedaron sin ahorros y con dos préstamos pero además, el propietario, Breslin, no les devolvió la fianza que era de poco más de 500 euros.
Friel, que quería recuperar su dinero, estaba dispuesta a demostrar que en la casa que habían abandonado no vivía nadie. Pasaba por delante de la puerta casi a diario y no veía luces encendidas.
Los desalojados acusaron al propietario de “desagradecido”
La familia señaló durante el procedimiento en la RTB que el propietario no se había mostrado “empático” en ningún momento, porque durante el tiempo en que habían residido en la vivienda, “se ha trabajado en el jardín, con trabajos de mantenimiento y reparación y jamás le hemos pedido dinero”.
Por eso, pidieron que además de la fianza, le dieran una indemnización de 15.000 euros para poder pagar al banco el dinero que habían solicitado.
Ante las acusaciones de Frield, Breslin explicó que su hija había trabajado por varias ciudades y que se había casado recientemente. Preguntó al tribunal si era necesario que su hija pagase 1.500 euros en un alquiler al mes cuando él tenía una casa en propiedad que podía usar gratis.
Demostró que su hija había empezado la mudanza, que se había llevado varios muebles pero que en diciembre aceptó una oferta de empleo y tuvo que marcharse, aunque no del todo porque iba a la casa los fines de semana.
El juez le dio la oportunidad de acoger a sus ex inquilinos
El juez preguntó al propietario de la vivienda si volvería a readmitir a sus antiguos inquilinos, a lo que se negó en rotundo. Explicó que tenía otra hija, y que se iba a casar en poco tiempo, de modo que quería poner la casa a su disposición. Aceptó devolver los 500 euros de fianza a los inquilinos y se defendió diciendo que había sido “muy justo con ellos”.
También tuvo que abonarles otros 500 euros en concepto de retención ilegal. El tribunal destacó que con las medidas que se tomaron por parte del propietario, las consecuencias de extinción del contrato fue irregular. A esto hay que sumarle que la parte arrendadora no se presentó en el juicio, por lo que, como señalaron los miembros del jurado, no se pudo acreditar que existiese “buena fe”.
